Los accidentes de tráfico continúan representando en la actualidad uno de los mayores problemas sociosanitarios en los países desarrollados, agudizándose aún más esta problemática en los estados del sur de Europa. España, pese a la notable reducción de las cifras experimentada en los últimos tres años, todavía continúa teniendo las tasas de fallecimientos más altas de Europa, sobrepasadas solamente por Grecia y Portugal.
En términos económicos, según varios estudios realizados por expertos en seguridad vial, el coste total atribuible a los accidentes de tráfico, sólo en Canarias, supera los 240.000 euros al año, o el equivalente a unos 148 euros por habitante, lo que supone el 1,3% del PIB del Archipiélago. Por este motivo, y en una época tan complicada como la actual, la administración sanitaria se muestra inflexible a la hora de facturar los servicios que presta a las víctimas de estos sucesos.
En concreto, según el informe de facturación e ingresos del Servicio Canario de la Salud (SCS)en los últimos tres años, Sanidad ingresó en 2012 más de 7,8 millones de euros en virtud del Convenio Marco de Asistencia Sanitaria derivada de Accidentes de Tráfico. Dicho convenio, al que deben estar adheridas las compañías aseguradoras de las víctimas, permite a estas elegir libremente el centro sanitario -al margen de lo que le recomiende su compañía-, y otorga al accidentado el derecho a recibir asistencia psicológica y tratamiento de fisioterapia y rehabilitación.
Los precios de estas asistencias están fijados en el Decreto 81/2009, de 16 de junio, aunque se actualizaron en julio del año pasado tras la renovación del referido convenio marco, modificándose la cuantía de las tarifas establecidas anteriormente y ajustándolas a las acordadas en dicha renovación.(Seguir leyendo)
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