Traducciones en expedientes sancionadores. Tanto el cine como la prensa son fuentes de inspiración inagotables. Indiscutiblemente, la realidad supera a la ficción y con frecuencia las administraciones públicas superan a la realidad. La última con la que me he topado en un expediente sancionador es el uso de las traducciones de páginas web en lengua inglesa al castellano, realizadas con el Google Translate o Translator, el traductor online por excelencia que el propio monstruo de Mountain View describe así:
"Para generar una traducción, el Traductor de Google analiza cientos de millones de documentos en busca de patrones que le ayuden a elegir la mejor traducción. Al encontrar patrones en documentos que ya han sido traducidos por traductores de carne y hueso, el Traductor de Google puede intuir de forma inteligente cuál es la traducción más adecuada. Este proceso de búsqueda de patrones en un gran número de textos se denomina "traducción automática estadística". Al generarse de forma automática, no todas las traducciones son perfectas. La calidad de la traducción será mejor cuanto mayor sea el número de documentos traducidos por seres humanos que pueda analizar el Traductor de Google en un idioma concreto. Este es el motivo por el que a veces las traducciones son mejores en unos idiomas que en otros".
Naturalmente, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, las traducciones de textos en otro idioma realizadas por el Traductor de Google, igual que las traducciones de Lorca y Cervantes del fallecido Edwin Honig, generan a favor de Google derechos de propiedad intelectual. Desconozco cuál sería la opinión de Larry Page y Sergey Brin si supieran que las traducciones de su Google son utilizadas libremente en expedientes sancionadores que generan cuantiosos ingresos vía multa a las maltrechas arcas autonómicas, gracias a la herramienta del Google.
Al margen de lo anterior, no deja de llamarme la atención que sea precisamente una administración turística la que haga este uso oficial del traductor "on line"; que ella misma, que se dedica a eso, al turismo, no disponga de funcionarios con conocimientos en inglés suficientes como para para realizar las traducciones de los documentos que le sirven de base para incoar expedientes sancionadores. Por lo que diré al final no me lo quiero/puedo creer. O que disponiendo de los funcionarios prefieran utilizar esta herramienta de traducción cuando ya es generalmente reconocido, incluso a nivel jurisprudencial, que la actividad de Google "no es de índole meramente técnica, automática o pasiva". Otro día entraré en profundidad en las cuestiones legales de este uso oficial de las traducciones obtenidas de la utilidad del primer buscador de internet.
El periódico EL DÍA titulaba recientemente: "Canarias cuenta con más de 122.000 funcionarios". Luego en tipografía más reducida, subtitulaba: "La administración autonómica, con 59.948 trabajadores en nómina, cuenta con más empleados públicos que la estatal en las Islas y la local juntas". ¿Y para sus traducciones oficiales del inglés usa el Google Translate? Guárdame un cachorro. Según el translator, "save me a puppy". Al castellano, en el contexto: "Para este viaje no hacían falta alforjas". (Artículo)
www.eldia.es
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