Circular por las carreteras no es gratis. Aunque viaje por una vía libre de peaje, ya ha pagado su construcción con sus impuestos. Y, como continuará pagando impuestos, contribuirá de forma indirecta a su mantenimiento. Al menos en la teoría, porque, ¿qué sucede cuando el presupuesto de las Administraciones no es suficiente para destinar a cada partida el dinero necesario? Que hay que priorizar, es decir, quitar de un sitio y ponerlo en otro. O que hay que buscar vías alternativas de financiación, léase, aumento de impuestos o copagos.
Esta misma semana, la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA) ha propuesto una controvertida solución para resolver el problema de financiación de la conservación de las carreteras: implantar el cobro del peaje en las autovías españolas. Su presidente, José Luis Feito, considera “inviable que España siga pagando el mantenimiento de una red de autovías de 12.000 kilómetros a cargo de los Presupuestos”. Antes o después, según Feito, el Gobierno “articulará un peaje”.
Pero la polémica no es nueva. Cada cierto tiempo, surge alguna voz que alerta sobre el deterioro de las carreteras españolas, casi 162.000 kilómetros que Fomento valora en 175.000 millones de euros —85.000 millones la Red de Carreteras del Estado y 90.000 el resto—. Sin embargo, el presupuesto destinado a su conservación es cada vez menor. Los 818 millones de euros previstos en los Presupuestos de 2014 para las carreteras que dependen de Fomento —unos 25.000 kilómetros por los que discurre el 52% del tráfico— son un 15% de lo que se necesitaría solo para reparar los ya visibles desperfectos, según un estudio de 2012 de la Asociación Española de la Carretera (AEC). De acuerdo con sus cálculos, la inversión para “ponerse al día” es de 5.500 millones de euros. (Información completa)
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