El Gobierno hace guiños a los funcionarios para evitar un descalabro en las urnas

El Gobierno es consciente de que en breve se abre un nuevo calendario electoral y tiene en su contra a más de 2,5 millones de funcionarios y empleados públicos y sus familias. Para mitigarlo, ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas que pretenden subsanar las consecuencias que tiene para ellos cumplir con las exigencias de déficit.

Seis meses antes de las elecciones europeas de mayo, las primeras que tienen alcance nacional antes de las municipales y legislativas de 2015, el Gobierno está calibrando las consecuencias que puede tener el hartazgo y descontento de una masa electoral nada desdeñable: más de 2,5 millones de trabajadores públicos de las administraciones estatal, autonómica y local. Rajoy sabe que necesita el apoyo del colectivo de los funcionarios y empleados públicos, los cuales se sienten como los principales damnificados de la crisis económica. Para ello, su gabinete está aprobando una serie tímidas medidas de última hora que al menos mitigue el efecto contraproducente en las urnas de cuatro años consecutivos de reducción salarial. Los funcionarios y empleados públicos tienen motivos para sentirse los damnificados de la recuperación económica: las plantillas públicas han tenido que lidiar con una reducción del 5% de su masa salarial desde hace cinco años. 

Además, han sido noticia estos años otros recortes significativos -y representativos de los que ha sufrido la sociedad en su conjunto-: el aumento de su carga de trabajo tras el recorte de los días de libre disposición conocidos como moscosos, la ampliación del horario laboral a 37,5 horas semanales o la reducción de los créditos y los permisos sindicales. 2,8 millones de trabajadores públicos pueden condicionar el resultados electoral Si a ello se suma la congelación salarial y la pérdida o eliminación de complementos salariales junto al recorte de la prestación en las bajas laborales, las mermas dinerarias han hecho acumular a los trabajadores públicos una pérdida de poder adquisitivo del 30% en los últimos cuatro años, según los cálculos de los sindicatos. 

Y mientras, la mesa de negociación lleva paralizada hace más de un año. Es más, la limitación de la reposición de efectivos -plazas que quedan vacantes ante jubilaciones, por ejemplo- y reducción de la contratación de interinos en aras del ahorro para las arcas públicas han tenido efectos ya claros en el mercado laboral: la última Encuesta de Población Activa (EPA) revela que ya está descendiendo la ocupación de las plantillas públicas mientras comienza a subir en el sector privado (Seguir leyendo)

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