A los funcionarios también se les presiona, a unos más que otros. Unas veces lo son por sus propios jefes, también funcionarios. Puede tratarse de la simple exigencia de obtener objetivos, aunque podría llegar al hostigamiento, sobre todo con sujetos desidiosos, díscolos, negligentes o irresponsables. Ahora bien, la presión también puede venir de más arriba, del estamento político. Aunque hay funcionarios que nunca se relacionan con políticos, una minoría trata a menudo con ellos. Su intervención es ineludible para desarrollar la acción política, incluso cuando esta es ilícita. Por ello, en ocasiones pueden padecer sugerencias incómodas, e incluso imposiciones o forzamientos. Y si el político persigue finalidades poco claras, la responsabilidad puede recaer en el funcionario, aunque quizás consiga derivarla hacia algún subordinado.
La inamovilidad es un derecho del funcionario de carrera que implica que no puede ser privado de su condición. Es la garantía que tiene para poder actuar con imparcialidad y evitar la presión política. Entonces, ¿cómo se le puede coaccionar? Pues porque la inamovilidad no es por sí sola un escudo inquebrantable. También en la función pública existe el acoso laboral. Así, al funcionario se le puede denigrar o ningunear, recargar de trabajo o dejarle sin funciones, sumirle en la rutina, controlarle en exceso o amenazarle. Cuestiones difíciles de probar por el represaliado, pero que pueden hacerle la vida imposible, como a cualquier trabajador.
Además, en la Administración hay un sistema propio, muy efectivo, de coacción. Aunque el funcionario, por inamovible, no va a dejar de serlo, en ciertos casos sí que puede perder la plaza. Cuestión de suma gravedad. Si desempeña un puesto de libre designación, al que quizás ha llegado por gozar de cierta confianza con el político, puede ser removido discrecionalmente y pasar a otro inferior. Si está en comisión de servicios, al ocupar transitoria y excepcionalmente una plaza que no es la propia, puede no renovársele la comisión y volver a su puesto de origen, que con seguridad es menos apetecible. Y no digamos si es un funcionario interino, que no sólo puede ser cambiado de destino con más facilidad, sino que hasta puede marcharse a su casa. Con estos y otros casos de provisionalidad es como los hostigadores consiguen un terreno abonado para actuar. Basta con situar en puntos clave a determinados peones inestables para tener garantizado un mayor margen de impunidad. Después se mete la presión adecuada en el momento oportuno. La Administración se maneja con más libertad y se evitan responsabilidades. No hace falta ni cercenar el derecho de inamovilidad. (Artículo)
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