¿Justicia o exceso de celo?

Interior destituye al sargento de un pueblo de Ourense al que una diputada del PP acusa de acoso tras siete multas

Ana Belén Vázquez Blanco, diputada del PP por Ourense y
 esposa del alcalde de Bande. / NACHO GÁMEZ

José Manuel Grande Pérez, sargento de la Guardia Civil de Bande, prepara el petate. Tras siete años al frente del puesto de este municipio ourensano de poco más de mil vecinos entre los que Grande administró la ley con un celo tan inaudito que llevó en 2010 el relato pormenorizado de sus informes al Senado, la Dirección General del instituto armado acaba de decidir cesarlo “por necesidades del servicio y por la reprobación de las autoridades”: sus sonados desencuentros con la diputada del PP, vicepresidenta de la comisión de Interior, inspectora de Policía en excedencia y exalcaldesa de ese Ayuntamiento, Ana Belén Vázquez Blanco, y su exmarido y sucesor al frente de la alcaldía, José Antonio Armada. El sargento multó el pasado 18 de noviembre a la diputada por tener el coche mal estacionado, subido en una acera. En el parte consta que el vehículo no había pasado la ITV y que ella se negó a mostrar la documentación. El día 20 estalló la polémica.

El número dos del Ministerio del Interior la ha zanjado ahora promoviendo el cese del sargento. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que prepara una demanda judicial “si es necesario también contra el mando que lo ha destituido”, sostiene que el cese, que ya han recurrido, es “una clara represalia política” contra Grande “por haber hecho cumplir la ley” a la diputada. Ella, que ultima otra demanda con la que pretende probar el “grave acoso” al que asegura haber estado sometida, insiste en que el parte que abrió la caja de los truenos es “una manipulación; demostraré que es todo mentira y que solo buscaba mi desprestigio y el de mi familia”. En Bande no se habla de otra cosa.

El sargento Grande aún no da crédito. No se explica por qué ha perdido esta batalla —solo la primera, según la AUGC, que está dispuesta a “llegar hasta el final”— contra la diputada Vázquez Blanco, a la que asegura que multó siempre en el estricto cumplimiento de su deber. No comprende, dicen sus compañeros, cómo puede ser tildado de ilegal el estricto cumplimiento de la legalidad. El sindicato lo tiene, sin embargo, claro. “Ella utilizó sus contactos en el Ministerio para apartar a una persona que le resultaba incómoda”, indica el portavoz de la asociación, Carlos Domínguez, tras puntualizar que los mismos informes internos de la Guardia Civil que promueven el cese del sargento amparan su actuación. “No podía ser de otra forma; no caben distinciones y él cumplió con su trabajo”, precisa. (Leer más)

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