La mayoría de las víctimas son mujeres porque son mayoría en la plantilla, y empiezan a producirse situaciones nuevas como la grabación por móvil y la amenaza de difusión en las redes sociales
Las amenazas verbales o físicas que sufran los empleados públicos en su puesto de trabajo serán catalogadas como agresión y se enviará un informe a la Fiscalía para que aplique el artículo 550 del Código Penal que establece como delito las agresiones contra los funcionarios públicos.
Así lo ha decidido el Instituto Nacional de la Seguridad Social en un protocolo de actuación en casos de Agresiones a empleados públicos y que pondrá en marcha, como experiencia piloto, en las Oficinas de la Seguridad Social en Ciudad Real para, posteriormente, extenderla a todo el Estado. El acuerdo recoge también la elaboración de un registro y estadística anual de las situaciones violentas que sufren los trabajadores a efectos de prevenir y contabilizar esas agresiones. (Información)
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