Expedientado un guardia civil tras multar al alcalde de Buitrago

Un nuevo caso de «intermediación» política ha vuelto a salpicar a un agente de la Guardia Civil de Madrid en forma de expediente sancionador. Esta vez ha ocurrido en el municipio de Lozoyuela a raíz de la fiesta del patrón de la Benemérita del año pasado. La localidad celebraba un acto por el 12 de octubre en la casa cultural del municipio y, entre los invitados, había numerosas personalidades que debían dejar aparcado su coche en un párking público. Una patrulla de servicio se encontraba realizando labores de orden público cuando observó que dos vehículos habían sido aparcados incorrectamente, de forma oblicua, obstaculizando así otras plazas de aparcamiento público, por lo que procedieron a notificar la correspondiente infracción, como habrían hecho con cualquier otro vehículo. Cuando el agente ya estaba terminando de poner la multa, el dueño del coche salió para tratar de impedirlo. No se trataba de ningún coche oficial ni el implicado se identificó como alcalde de ninguna localidad, en cualquier caso. Pero sí era «alguien». Se trataba del alcalde de la vecina localidad de Buitrago de Lozoya, Ángel Martínez. A pesar de que trató de evitar que el guardia emitiera la multa, no pudo hacer nada porque ésta ya estaba redactada y notificada. En principio, para el guardia, quedó ahí la cosa. Están acostumbrados a que los conductores traten de evitar multas con todo tipo de explicaciones y excusas por lo que no era ningún caso novedoso. Pero el primer edil afectado debió comentar lo sucedido con su homólogo en el municpio anfitrión, José Antonio Hernanz, quien trató de evitar que la infracción prosperara.

Así, una semana después, envió una carta al capitán jefe de la quinta compañía de Colmenar Viejo, según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Madrid. Al parecer, mostraba su disconformidad con lo sucedido y el capitán dio cuenta a la Comandancia de Madrid, desde donde se abrió –como se hace en todos los casos– un proceso de información reservada para dilucidar lo ocurrido. Fruto de esa investigación, el agente que incoó la multa iba a ser expedientado en un principio, por un supuesto delito de falsedad documental, porque en la notificación de la denuncia habían puesto «conductor ausente» y entendían que, como el alcalde había salido a tratar de evitar la denuncia, no era correcto, según explican desde AUGC. «El equipo jurídico de AUGC se puso al servicio del agente y consiguieron parar esto. El agente ya había rellenado la multa, no iba a recular porque el infractor se lo pidiera», explica el secretario general de la asociación en Madrid, Francisco Cecilia.

Cuando se siguen los cauces habituales, al interponer una denuncia de este tipo el ciudadano debe esperar a que le llegue la notificacióna su domicilio y, en caso de disconformidad (algo que se da con bastante frecuencia), comienza un proceso de alegaciones. Se puede interponer un recurso de alzada y, en este caso, se le hace llegar al agente que sancionó la multa para que se ratifique o rectifique. A día de hoy, más de un año después de que ocurrieran los hechos, el agente no ha recibido notificación alguna por lo que suponen que, finalmente, la multa se anuló. Aunque también puede ser que el alcalde decidiera abonarla sin más. Pero lo llamativo de la historia es que, al final, el sancionado fue el guardia que interpuso la multa.

Finalmente, el expediente que le abrieron fue por «incumplimiento de órdenes», alegando que no debía haber hecho aquel día labores de seguridad vial sino simplemente custodiar la zona perimetral donde se celebraban los actos. «La Seguridad Ciudadana también lleva intrínsecas labores de Seguridad Vial», explica Cecilia. «No entendemos cómo pueden sancionar a un agente por hacer su trabajo». El agente cuyo número figuraba en la denuncia de tráfico fue suspendido cuatro días de empleo y sueldo.(Seguir leyendo)

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