El exedil de Seguridad Ciudadana de Pamplona Ignacio Polo, culpable por conducir ebrio

La titular del Juzgado de lo Penal nº 1 sentencia que cometió un delito contra la seguridad vial y le priva un año y seis meses del carnet y le condena a pagar 2.100 euros; la sentencia es recurrible.

La magistrada también respalda la actuación policial, y descarta que el hecho de que los agentes participaran en manifestaciones de protesta desvirtúe sus testimonios.

Polo siempre defendió que había cometido una falta y que los agentes municipales actuaron en este caso por animadversión contra él.

Un año y seis meses sin carnet para Ignacio Polo. La juez del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha condenado al exedil de Seguridad Ciudadana de Pamplona a esa privación de carnet, así como a abonar una multa de 2.100 euros por un delito contra la seguridad vial: el exintegrante del gobierno de UPN en la capital navarra cogió el coche en estado de embriaguez y chocó con una furgoneta que estaba aparcada al hacer una maniobra. Esta sentencia es recurrible.

El conocido como caso Polo provocó la dimisión del hasta entonces responsable de Seguridad Ciudadana en abril de 2014. Los hechos que motivaron esta decisión tuvieron lugar a las 18:55 horas del 20 de abril de 2014 cuando, tras haber consumido alcohol, el concejal Polo cogió un coche oficial (un Volkswagen Polo) que estaba aparcado en zona reservada para vecinos en el paseo de Hemingway de Pamplona, junto a la plaza de toros, y, al iniciar las maniobras de salida, chocó con una furgoneta que estaba aparcada, provocándole daños en la matrícula y en el parachoques trasero. En las pruebas de alcoholemia, la tasa fue en un primer momento de 0,65mg/l y después, ya en dependencias policiales, de 0,75 y 0,64.

Cómo se gestionó este caso ha provocado una larga polémica que aún dista de resolverse. A los cinco agentes de la Policía Municipal que actuaron en esta intervención, según ha denunciado el sindicato APM (que figura en la acusación particular), supuestamente se les persiguió y se les abrió un expediente por presuntas coacciones, falsedad documental e impedimento del deber de perseguir un delito. Estas acusaciones fueron archivadas, pero también salpicaron a dos delegados sindicales y a una octava agente, en este caso por, supuestamente, revelación de secreto. (Seguir leyendo)

www.eldiario.es