El Supremo rechaza compensar a las autopistas de peaje por falta de tráfico

El Tribunal Supremo ha desestimado el recursos de la sociedad Accesos de Madrid (AMSA), participada por Abertis, Sacyr y ACS, que reclamaban el "reequilibrio" de sus contratos de concesión de la explotación de las autopistas de peaje radiales R-3 (Madrid-Arganda) y R-5 (Madrid-Navalcarnero), en concurso de acreedores desde 2012, así como de la M-50 entre la A-6 y la carretera M-409, por la disminución del tráfico desde el inicio de la explotación.

Según informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado, el Supremo se pronuncia en la misma línea como ya hizo en febrero de 2014 en relación a la R-4 y otros tramos de la M-50. Así, en la sentencia, el Alto Tribunal rechaza la petición de la sociedad concesionaria al considerar que "la merma de flujos de vehículos no constituye un riesgo imprevisible".

En este sentido, se explica que la empresa tenía que haber considerado esa posibilidad cuando participó en el concurso, y agrega que la contratación administrativa lleva inherente un elemento de aleatoriedad de los resultados económicos del contrato, al estar expresamente proclamado por la ley el llamado principio de riesgo y ventura del contratista. "Un elemento de aleatoriedad que significa que la frustración de las expectativas económicas que el contratista tuvo en consideración para consentir el contrato no le libera de cumplir lo estrictamente pactado, ni consiguientemente le faculta para apartarse del vínculo contractual o para reclamar su modificación", añade el fallo. 

De esta manera, con la sentencia se rechaza el recurso de la sociedad contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación para modificar la concesión que presentó el 8 de noviembre de 2011, añade la nota.

La caída del tráfico y el coste de las expropiaciones son algunas de las razones que llevaron a las cuatro autopistas radiales de Madrid a pedir concurso de acreedores. De hecho, son ocho autopistas de peaje en riesgo de quiebra, de las que seis (incluidas la conexión al aeropuerto, y la AP41 entre la capital y Toledo) discurren por la Comunidad de Madrid. 

El Ministerio de Fomento lleva meses intentando encontrar una solución con los bancos acreedores y los propietarios de las concesionarias para evitar una quiebra que obligaría al Gobierno a asumir el pago de, al menos, 4.500 millones de euros por la responsabilidad patrimonial de la administración en estas concesiones. Fomento trata de poner en pie una sociedad pública en la que reunir los activos de las ocho autopistas, y asumir su deuda, siempre tras una quita del 50% de los pasivos y la pérdida del capital de los accionistas. Pero parte de la banca no ha dado aún luz verde a esta propuesta. (Seguir keyendo)

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