Desde 2008, se han perdido más de 500.000 puestos de trabajo en las Administraciones públicas, pérdida que no será paliada ya nunca; se nos bajó el sueldo en 2010 y 2012; se modifican nuestras condiciones de trabajo arbitrariamente, sin que quepa defensa o negociación alguna por parte de los trabajadores públicos; estamos sometidos a un tipo de relación laboral que la jurisprudencia califica de “especial sujeción” para que las Administraciones aseguren el funcionamiento de los servicios públicos establecidos, lo que permite la determinación unilateral de las condiciones de trabajo; en la práctica sufrimos la ausencia absoluta de derechos adquiridos, y nuestra relación laboral es en realidad un contrato de adhesión, en el que pueden cambiarse las cláusulas contractuales sin el consentimiento de uno de los contratistas.—
Luis Fernando Crespo Zorita
www.elpais.es
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