Los profesionales examinadores, a la vista de la situación del Servicio Público de Exámenes,
creemos que ha llegado el momento en que necesita una urgente y necesaria reestructuración, ya que no funciona ni ofrece el servicio
de calidad que a los funcionarios examinadores nos gustaría.
Una de las premisas fundamentales que nos ha impulsado a organizar estas protestas ha sido que se revise por completo todo el sistema de pruebas del permiso de conducir y solucionar aquellos
apartados que no funcionan o no están dando el resultado
que la sociedad requiere.
Ya son muchos
los colectivos que están mostrando
su malestar por la desorganización y disfuncionalidad actual del
servicio público de exámenes: protestas de autoescuelas como recientemente en Valencia, presiones para privatizar el servicio por parte de la
patronal del sector, creación de plataformas de autoescuelas en Barcelona, etc...
Además, nunca antes los profesores de formación vial habían tenido
unas condiciones laborales tan malas como hoy en día; y es algo que a los
funcionarios examinadores, como profesionales y también como ciudadanos, nos preocupa, porque la formación debe ser una cuestión fundamental y prioritaria en cualquier sociedad medianamente avanzada.
Los profesores que la imparten,
además de estar bien
formados, deben contar con unas condiciones dignas para realizar
su trabajo; condiciones que ahora no se dan, en parte, por la mala gestión que se está haciendo desde Tráfico.
Y para más abundamiento al descrédito actual del organismo de Tráfico, pocas veces en la historia
se ha movilizado el colectivo
examinador en número tan importante y en una proporción de jefaturas tan alta para protestar por la gestión que se hace del servicio de exámenes.
Los examinadores hemos visto con impotencia el desprestigio de la profesión
sin que la DGT, principal
responsable, haya hecho el más mínimo movimiento para solucionar las cosas:
1.
Sobre la reducción del número de pruebas
Es casi imposible realizar
13 circulaciones teniendo
en cuenta el protocolo de calidad. Creemos que es un buen protocolo y así lo pensamos en el colectivo porque supuso una mejora importante en la manera de realizar las pruebas; pero quedó en eso, en un principio.
Según nuestro punto de vista profesional, este protocolo debería
haber avanzado corrigiendo aquellas partes que no funcionan
y desarrollando otras fundamentales. Nada se ha hecho. Es más, consideramos una insensatez que los que realizamos este trabajo a diario, hayamos
sido apartados y ni siquiera se nos pregunte
sobre la mejora del mismo.
Los funcionarios examinadores estamos en contacto
directo con la circulación, y con toda seguridad, tenemos mucho que aportar. Lamentablemente, toda esta experiencia con la que
hubiéramos podido contribuir a una mejora
de la seguridad vial, no ha sido requerida en ningún momento.
El número de pruebas adecuado
se podría estudiar
e implantar según disponibilidad y no cerrarse
en banda a cualquier mejora
que sin duda, redundaría en un mejor servicio.
2.
Dar el resultado en
diferido
El protocolo
debe tener en cuenta las condiciones en las que los
examinadores realizan sus funciones.
La realidad es que sentimos
auténtica inquietud a la hora de comunicar
el resultado de las pruebas, debido a las muchas agresiones verbales
y físicas que se producen.
Es un problema serio que causa gran alarma entre los funcionarios y la DGT no está tomando ninguna medida para solucionarlo.
Nuestra propuesta consiste
en dar la explicación al aspirante, que consideramos necesaria, pero sin darle el resultado
final, que se podría dar en otro momento o por otros medios. Además,
se podría valorar realizar cursos formativos que ayudaran en estas situaciones, y otras medidas
como encontrar zonas seguras, etc.
3.
Aumento del
Complemento Específico
La realidad es que ahora mismo, nadie quiere ser examinador porque no se compensa económicamente la penosidad y peligrosidad de nuestro trabajo.
Nuestra retribución debe estar
acorde a la responsabilidad y alta trascendencia de nuestras funciones y ahora no lo está.
Una solución
podría ser que, mientras
se pronuncie la CECIR, la DGT podría encontrar mecanismos con recursos propios para retribuir las especiales condiciones de este puesto.
4.
Defensa del
Carácter Público de los Exámenes de Tráfico
Queremos saber los planes del organismo para este servicio
público, ya que formamos parte de él y consideramos que debemos ser parte activa
del presente y futuro del mismo.
Para paliar el número insuficiente de efectivos, se podrían buscar
fórmulas como las oposiciones propias, a las que pudiesen acceder todas aquellas
personas que por vocación y formación quisieran
ser funcionarios examinadores.
Muchos de nosotros
llevamos en este organismo toda nuestra vida laboral y consideramos a la DGT como nuestra también; pero en los últimos
años, los responsables del organismo nos han apartado
por completo de cualquier mesa de trabajo
que redunde en la mejora del organismo
y de las actividades profesionales que realiza. Nosotros somos profesionales y seguro que
podemos aportar conocimientos y experiencias valiosas
para la marcha del servicio. La realidad
es que desde hace tiempo no se nos toma en la más mínima consideración.
Creemos que ahora es el momento adecuado
para realizar cambios
profundos en el servicio de exámenes. Así no puede seguir.
Es necesario que la propia
Subdirección de Formación empiece a vernos como evaluadores y no sólo como meros
anotadores de faltas.
Nuestra propuesta en este punto
consiste en crear un grupo de trabajo
encaminado a aumentar
la calidad del servicio y en el que se pueda escuchar
y tener en cuenta nuestra
experiencia y nuestros conocimientos como profesionales.
Consideramos además fundamental en el buen desarrollo del servicio el tema de las inspecciones de los centros
colaboradores. Es imprescindible un control y seguimiento de los distintos
procesos que ahora mismo no se hacen,
sea por falta de efectivos, de organización, o de todo un poco.
No entendemos tampoco,
y así lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, que se apueste
por la seguridad vial y se permita
que un posible primer permiso,
como el AM, se pueda obtener
sin formación ni demostrar conocimientos prácticos. Y tampoco entendemos que con tres años del B se pueda llevar una
motocicleta. Países de nuestro entorno, como Inglaterra, ya no lo permite; ha comprobado que no
tiene ninguna lógica. ¿Y aquí?
Cada uno de los puntos expuestos son negociables, pero irrenunciables
para el colectivo examinador.
Creemos que el colectivo examinador quiere y merece
unas mejores condiciones laborales, un reconocimiento a las importantes labores que realiza
y una gestión más adecuada
en aras a una mejora de la seguridad
vial, que es lo que queremos
todos.
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