Piden cárcel para dos guardias civiles vinculados a una red de carnés de conducir falsos

La Fiscalía reclama más de 17 años de prisión para el líder de una trama que estafaba a inmigrantes al venderles las licencias como si fueran auténticas por 1.500 euros cada una

Urdieron un plan para sacar dinero principalmente a inmigrantes pero también a ciudadanos españoles con carencias intelectuales. Así lo sostiene la Fiscalía de Alicante, que acusa a cinco personas, entre ellas dos guardias civiles destinados en Santa Pola, de estafar a estas personas alrededor de 1.500 euros con la falsa promesa de conseguirles carnés de conducir auténticos. La realidad es que, al final, las víctimas se quedaban sin los documentos o resultaban ser falsos. Por estos hechos, el representante del fiscal solicita para los investigados penas que van desde los cinco meses de prisión a los seis años y que en total suman 17 años y cinco meses entre rejas.

Además, pide inhabilitación de hasta tres años para los funcionarios policiales y multas de entre 4.500 euros y 8.000 euros. Los cinco procesados, que tienen entre 36 y 74 años de edad, se enfrentan a penas tan elevadas debido al número de acusaciones que acumulan por la presunta comisión de los delitos de estafa, revelación de secretos por funcionario público, aprovechamiento de información privilegiada y extorsión.

Los hechos se remontan al verano de 2011. En esas fechas, uno de los presuntos compinches de la trama se encargaba de captar clientes. Su objetivo eran ciudadanos extranjeros con dificultades para comprender el castellano o personas con pocos conocimientos, según se desprende del escrito provisional de calificación del fiscal, al que ha tenido acceso este diario. Este hacía contactar a los estafados con el cabecilla de la red, un hombre que se hacía pasar por guardia civil. Por este trabajo de captación, el acusado se ganaba cien euros por cliente, según se desprende del sumario.

Una vez entraba en escena el cerebro del entramado, este se encargaba de entregar los documentos y daba las instrucciones a los clientes de cómo debían obrar. Es decir, que les indicaba que tenían que acudir a determinadas dependencias del Instituto Armado para denunciar el robo de la cartera, con la documentación entre los enseres sustraídos.

Según el relato del fiscal, los afectados acababan siempre en el cuarte de la Guardia Civil de Santa Pola, donde les aguardaban dos de los imputados en la causa. En dichas dependencias, los agentes acusados se movían entre las bases de datos oficiales para supuestamente recopilar información y facilitársela al jefe de la banda, a sabiendas de que este último empleaba los datos para obtener jugosos beneficios, como sostiene el Ministerio Público.

Falso funcionario de la DGT

Un quinto procesado daba mayor credibilidad a la estafa, pues supuestamente se hacía pasar por funcionario de la Dirección General de Tráfico (DGT). Por ello, la red lograba dar apariencia de autenticidad a los permisos de conducir falsos.

A comienzos de 2012, el Cuerpo Nacional de Policía desplegó un operativo por el que se practicaron seis arrestos de forma casi simultánea para desarticular al presunto grupo criminal de extorsionadores. La principal baza de los sospechosos radicaba en que los afectados no denunciaran los hechos, pero en plan se les vino abajo. Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) desarrollaron la investigación que culminó con los arrestados a mediados de enero de aquel año.

Los apresados quedaron en su mayoría en libertad, con la salvedad del cabecilla. Este presunto implicado fue detenido en la Vega Baja, cuyo juzgado de guardia de Orihuela decretó su ingreso en prisión de forma provisional mientras se investigaban los hechos.

El asunto deberá recalar en una de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Alicante, pese a que ya ha circulado por algunos de los juzgados penales de la capital alicantina. (Información)

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