Un juzgado de Getxo ha condenado a 15 meses sin carné de conducir y 40 días de trabajos para la comunidad al mando de la Brigada Móvil de la Ertzaintza que fue detenido el pasado 20 de febrero en un control de alcoholemia de la Policía local. El agente triplicaba con creces la tasa máxima permitida: dio 0,80 gramos de alcohol por litro al ser sometido a la prueba, frente al tope de 0,25 que establece la normativa vigente. Ese resultado implicó que su caso se tramitara como delito penal -contra la seguridad vial- y no fuera zanjado con una simple multa administrativa. La sentencia ha sido dictada después de que el ertzaina alcanzase un acuerdo con la Fiscalía.
El arresto de uno de los responsables de los antidisturbios de la Policía vasca se produjo a las 4.30 horas en uno de los controles de alcoholemia rutinarios que monta la Guardia local de Getxo durante los fines de semana. Al conductor, un hombre de 54 años, le fue practicado el test de alcoholemia. El resultado del primer examen fue de 0,88. En una segunda prueba se le detectaron 0,80 gramos de alcohol por litro de sangre.
Vehículo policial
El mando de la Brigada Móvil no se identificó como miembro de la Policía vasca hasta que los datos evidenciaron que conducía bajo los efectos del alcohol. Los municipales procedieron a su detención y le condujeron a dependencias policiales. Se da la circunstancia que el arresto se produjo mientras el ertzaina se encontraba al volante de un coche oficial del Cuerpo, sin distintivos u otro signo exterior que lo identifique como tal. Este es el tipo de vehículo que el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco pone a disposición jefes de la Ertzaintza para que sean utilizados por necesidades del servicio.
En principio, una condena por un delito de este tipo lleva aparejado que el Departamento de Seguridad ponga en marcha una investigación interna de cara a aplicar al agente el código disciplinario de la Ertzaintza. Portavoces de la consejería que dirige Estefanía Beltrán de Heredia han explicado a EL CORREO que la unidad de Asuntos Internos «dispone de un plazo amplio para analizar los hechos que pueden ser sancionables» y posteriormente decidirá qué castigo impone. Las mismas fuentes oficiales explicaron que el proceso conlleva «análisis de hechos, pruebas, presentaciones y otras cuestiones, ya que se pueden estudiar más hechos que los incluidos en la propia sentencia».
Fuente: El Correo
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