Dos juezas de Bilbao, expedientadas por «falta grave» de maltrato a funcionarios

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha abierto expediente disciplinario a dos magistradas de Bilbao y ha elevado ambos casos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sendas posibles «faltas graves». Se trata de las titulares del Juzgado de Violencia de Género número 2, a quien se acusa de exceso y abuso de autoridad y falta de desconsideración hacia los funcionarios; y de lo Social 1, también por desconsideración hacia los secretarios y demás personal de la Administración de Justicia.

En el primer caso, la denuncia fue presentada por personal interino y en el segundo, por titulares e interinos, a instancias del sindicato LAB, a finales del pasado mes de enero ante el Decanato y la Sala de Gobierno del TSJPV. Ambas magistradas se encuentran de baja laboral desde entonces, cuando se abrieron diligencias informativas. Para evitar contaminaciones, dos jueces guipuzcoanos se encargaron de tomar declaración a los funcionarios de ambos juzgados y a las magistradas. Finalmente, la Sala de Gobierno ha decidido remitir los casos a Madrid.

En Violencia de Género 2, los hechos más graves se registraron el pasado 20 de enero, cuando la magistrada, en un arrebato, pidió a los funcionarios que le revelaran a qué sindicato estaban afiliados, algo que es ilegal, y les advirtió de que iba a «ir a por ellos». La Sala de Gobierno del TSJPV ha decidido también dar cuenta al servicio de Inspección para intentar solucionar las disfunciones detectadas en cuanto a los excesos del personal funcionarial.

«Sacar a la luz injusticias»

Al abordar malos tratos, que exigen una respuesta inmediata, como órdenes de alejamiento y otras medidas cautelares, cuando les entra una denuncia, por ejemplo, a las dos de la tarde, deben prolongar su jornada, y eso se produce de forma habitual. Respecto a Social 1, los funcionarios se quejaban de que la jueza les trataba de forma «despótica» y «prepotente» y de que incluso se habían registrado también quejas de abogados. La actitud inadecuada de estas dos magistradas era algo conocido por todos los estamentos judiciales «desde hace muchos años», según LAB.

A partir de ahora, la comisión disciplinaria del Consejo General, formada por siete vocales, dispone de un período de seis meses para resolver el expediente, bien archivándolo o proponiendo una sanción. Según el artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), las faltas graves de los magistrados se castigan con una multa económica de entre 501 y 6.000 euros. La comisión deberá designar un instructor o promotor, que se encargará de investigar cada caso, bien tomando declación oral o por escrito a los implicados, según explicaron desde el órgano de gobierno de los jueces. En España ejercen unos 5.000 magistrados y cada año se registran una media de entre 40 y 50 expedientes, según las mismas fuentes.

La delegada de LAB-Justicia Loreto Cabo Maguregi cree que, «al margen de que las denuncias terminen o no en sanción, el hecho de que hayan llegado hasta donde han llegado demuestra que los jueces no son intocables». Según Cabo Maguregi, «cuando los trabajadores tienen puebas concluyentes y ganas de sacar a la luz injusticias, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior responde». En su opinión, «los jueces tienen mucho poder, lo que no podemos permitir es que hagan un uso abusivo de él».

Fuente: El Correo