Un empresario paga la multa y libra de la cárcel a la mujer en paro que condujo sin carné

«Por mis hijos y por humanidad no pierdo la esperanza de no tener que ingresar en la cárcel». A Cristina Cerezo, madre separada, en paro y con una delicada situación económica, le habían dado 10 días para entrar en prisión por el impago de 480 euros que le quedaban por abonar de una multa por conducir un ciclomotor sin licencia. No ha llegado a agotar un solo día del plazo que le otorgó el juzgado.

Su grito desesperado no cayó en saco roto. Este domingo, el mismo día que SUR se hacía eco del caso, el abogado Guillermo Jiménez, que se ha convertido en el principal aliado de Cristina en su lucha por evitar la cárcel, recibía un correo electrónico de un empresario amigo que no se quedó impasible ante la historia de esta vecina de Benalmádena. En el email, le anunciaba que se iba a hacer cargo de la deuda que tiene con la justicia. «Cuando se lo dije a ella, se echó a llorar», afirma el letrado.

Ayer mismo, el benefactor, que quiere mantenerse en el anonimato, ingresó en la cuenta del juzgado a nombre de Cristina Cerezo los 480 euros que le reclamaban. El abogado Guillermo Jiménez, que se hizo cargo del caso por el turno de oficio, ha preparado un escrito donde solicita el archivo definitivo de las actuaciones contra ella tras el pago completo de la multa.

Cambio de normativa

La pesadilla, que ahora toca a su fin, comenzó a las ocho y media de la mañana del 15 de agosto del año pasado, cuando fue interceptada por unos agentes de la Policía Local de Benalmádena mientras iba en ciclomotor al trabajo. En la resolución se insiste en que nunca había obtenido la licencia para ello. Cristina nunca negó su error, aunque asegura que fue por desconocimiento: «La normativa cambió y había que solicitar una convalidación del permiso antiguo, algo que no hice porque no lo sabía. Me equivoqué».

La condenaron a una multa de 720 euros y ella, por su delicada situación económica, pidió pagarla a plazos. Según relata, estudió auxiliar de enfermería en Barcelona, pero al separarse se mudó a Benalmádena y el trabajo «se torció». Siempre ha tenido empleos temporales, el último como charcutera en un supermercado: «A mi no se me caen los anillos por trabajar en lo que sea, solo quiero sacar adelante a mis hijos».

El juzgado le impuso un calendario de pagos a razón de 120 euros durante seis meses que empezaron a contar el pasado diciembre. Cristina cumplió con el primero, pero al segundo empezó a fallar por las dificultades económicas. «Con el dinero del que dispongo tengo que pagar el alquiler, la luz, el agua... Son muchos gastos, y mis hijos no se van a quedar sin nada de ello. Eso va antes que cualquier otra cosa» confiesa a SUR.

La mujer sostiene que su voluntad siempre ha sido la de abonar la deuda: «Un mes mandé 100 euros, otro 20... Era lo que tenía». Su abogado matiza que el juzgado está actuando conforme a la legislación y que, si algo falla, no es la jueza, sino las normas. Afortunadamente, la solidaridad ha llegado donde no alcanzaba la ley.

Fuente: Diario Sur