La Dirección General de Tráfico financió sin mediar concurso público tres proyectos de investigación de Francisco López Valdés, marido de su directora general, María Seguí, con un total de 49.950 euros en un año. Para no levantar sospechas que entorpeciesen las adjudicaciones del ente dirigido por su mujer, López Valdés reclamó en un e-mail a su jefe de laboratorio de la Universidad de Zaragoza, Juan José Alba, que guardase «discreción» sobre su relación sentimental, que había conocido un día antes de la mano de Seguí.
«La verdad es que la situación es un tanto exótica (es de coña, siendo claros). Pero estamos muy contentos. Así que gracias por la enhorabuena. Ayer pensábamos si decírtelo o no... y hombre, la verdad es que es un factor a tener en cuenta. Pero vamos, esto no nos frena para ninguno de los planes que teníamos para el laboratorio ni mucho menos. Simplemente tendremos que ser un poco discretos con algunas cosas por si acaso», escribió el 30 de marzo de 2012 López Valdés a Alba cuando éste se enteró de que ambos mantenían un noviazgo y que contraerían matrimonio ese mismo verano. Fue la propia Seguí la que quiso informar de la noticia a Alba en su despacho.
En estos correos Seguí recomienda al jefe del grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza, Juan José Alba, que coloque en su laboratorio a Francisco López Valdés sin avisarle de que eran pareja, mientras éste le avisa de que hay que ser "un poco discretos" sobre su relación sentimental.
«Esta noticia me contrarió, ya que entendía que la relación sentimental entre María Seguí y Francisco López, por cuestiones de ética y de transparencia, podría ser un obstáculo para aspirar a recibir financiación pública desde la DGT. Seguí me pidió máxima discreción sobre este hecho, a la vez que me insistió de forma reiterada en que no habría problemas en contratar con la DGT», denunció Alba en un escrito que presentó ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza y en el que acusa al matrimonio Seguí-López de «tráfico de influencias y cohecho».
Seguí, meses atrás, había recomendado a Alba que contratase a un «gran investigador» (López Valdés) para su laboratorio sin explicarle que ambos eran ya pareja. «Respecto de los contratos que mencionas, me interesan especialmente, particularmente de cara a Francisco López Valdés y Eduardo del Pozo de Dios, así que por favor veme enviando todo esto que me comentas y seguimos avanzando», dice Seguí a Alba, responsable del grupo Tessa, dependiente del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza.
El investigador atendió la petición de Seguí y fichó a López Valdés sin saber que les unía una relación. «De haberlo sabido, jamás lo habría metido en mi laboratorio porque cualquiera podría decirnos más adelante que los fondos que recibiríamos de la DGT eran por su marido. Seguí esperó a que lo contratase para informarme de que eran pareja», cuenta Alba.
El marido de Seguí llegó a la universidad con un contrato bajo el brazo de 20.000 euros de la Confederación Nacional de Autoescuelas, adjudicataria de la DGT. La misma institución invitó en 2014 al marido de Seguí a un lujoso viaje a Cancún, un «regalo» que también denunció Alba. «La CNAE es una institución que presiona para contratar con la DGT y creo que usó a López Valdés para ganarse el favor de Seguí», explica el ingeniero.
Lo que no incorpora Alba en su escrito es que la DGT proporcionó recursos a un proyecto del marido de Seguí cuando ésta era ya la directora general. En 2012, el ente financió con 17.000 euros el proyecto Evaluación en colisiones y de dispositivos de seguridad infantil para niños con discapacidad cuyos autores fueron Alba y López Valdés. Sus nombres aparecen como únicos investigadores de las fichas de adjudicación de la DGT y la pareja de Seguí.
Pero la cosa no acabó ahí. En el mismo año, Tráfico concedió 15.000 euros alEstudio naturalístico de las situaciones de desplazamiento fuera de posición de niños con discapacidad de Alba y López Valdés y, ya en 2013, el mismo equipo recibió 17.950 euros para el Estudio piloto de evaluación del comportamiento de dispositivos de seguridad infantil en vehículos reales. El total de fondos públicos que recibió el grupo de investigación de la pareja de Seguí fue de 49.950 euros en un año. Alba aseguró que el esposo de Seguí le llegó a comentar que su mujer podría conseguirle «contratos a dedo». Fuentes de la DGT aseguraron ayer que la información de que López Valdés recibió fondos de la DGT sin pasar por concurso «era falsa», pero desde la Universidad de Zaragoza aclararon que nunca se produjo el concurso.
En estas fichas colgadas en la propia página web de la Dirección General del Tráfico aparece Francisco López Valdés como investigador de los tres proyectos financiados desde el organismo público. Fuentes de la DGT aseguraron a este diario que la implicación de López Valdés fue menor y sólo figuraba el nombre de Juan José Alba.
Esos acuerdos no se rigieron por el marco del Plan de Investigación en Seguridad Vial 2013-16 que presentó Seguí en octubre de 2013 y con el que anunció una inversión de 1,6 millones de euros anuales para desarrollar proyectos en siete áreas. En su presentación, Seguí anunció que «por primera vez, la DGT aplicará un sistema de gestión de fondos basado en una convocatoria pública dentro de la ley de subvenciones» y explicó que la selección de proyectos se realizaría «esencialmente bajo criterios técnicos y de oportunidad».
La DGT usó ayer este plan para hacer creer que los trabajos de López Valdés habían sido adjudicados de acuerdo a una convocatoria pública. En su nota de prensa hicieron referencia a este Plan pero añadiendo el año 2012 sin que éste hubiese formado parte del mismo. «Para evitar la concentración de adjudicatarios de investigación con fondos públicos nacionales, desde la llegada de la directora en 2012 se ha procedido a la elaboración del primer Plan de Investigación de la DGT, en el que figuraron las áreas y líneas prioritarias de investigación a desarrollar en el periodo 2012-2016», reza el texto.
Seguí no ha querido hacer declaraciones a este periódico. Su única actuación hasta hoy fue destituir a la responsable de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera, protagonista de la conversación mantenida con el presidente de la CNAE, José Miguel Báez, y en la que supuestamente amañaron la adjudicación de los cursos de recuperación de puntos. (Información)
Fuente: El Mundo
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