DGT: siniestro total en una de las instituciones más reputadas

- Las sombras de corrupción y las guerras internas descabezan la Dirección General de Tráfico, justo cuando la tendencia de reducción de víctimas de los últimos doce años amenaza con romperse

- En un mes han caído la directora general y una de sus subordinadas, y un funcionario de la casa ha asumido la gestión de manera provisional 

- El organismo que asombró a Europa con sus políticas de prevención vive sus horas más convulsas 

Lo primero fue una conversación grabada de la entonces subdirectora de Formación Vial, Marta Carrera, hablando de los pliegos de condiciones de un contrato para impartir clases de recuperación de puntos con el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, que tenía intereses directos en ese apetitoso negocio. Sucedió a principios de julio.

Tres días después de que su voz apareciese en todos los medios de comunicación prometiendo "no putear" a un potencial adjudicatario, la alto cargo de la DGT tuvo que desalojar su despacho. La directora del organismo, María Seguí, dejaba caer a una de sus más estrechas colaboradoras para tratar de frenar el escándalo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz decidió entonces respaldar a Seguí a su manera: "Salvo que se demuestre lo contrario, mantengo mi confianza en la inocencia de la directora". 

Pero la crisis en una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos, la que ha logrado reducir durante doce años seguidos los muertos en la carretera, apenas había empezado. Unos días después, todavía a principios de julio, se filtraron los gastos que la Confederación Nacional de Autoescuelas, con el monopolio durante años de los cursos para recuperar el carné, sufragó al marido de Seguí, investigador en un programa científico financiado por la DGT, para que asistiese a un congreso en Cancún a presentar una ponencia.

La batalla larvada durante meses entre Juan José Alba, el director de ese grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza financiado por la DGT, y el marido de Seguí, Francisco López, uno de los científicos del equipo, proporcionó nuevos documentos comprometedores que no tardaron en aparecer en la prensa.

Seguí dio a entender que todo era falso y fruto de una venganza, pero el Ministerio del Interior que por entonces lidiaba con otras escuchas –las que pillaron al propio Fernández Díaz y al director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso organizando campañas contra el independentismo– decidió abrir una investigación para comprobar si el parentesco de la máxima responsable de la DGT influyó en la financiación de los proyectos del grupo donde trabajaba su pareja.

Sin esperar al resultado de esas indagaciones, lo siguiente fue servir en bandeja la cabeza de Seguí, una técnico que nunca llegó a empatizar con el ministro. Ella misma presentó su renuncia. La explicación oficial fue que no quería perjudicar a la institución por mucho que fuese víctima de un montaje.

Como relevo provisional, se ha elegido a un funcionario de la casa, Cristóbal Cremades, hasta ahora secretario general de la DGT y según personas que trabajaron con él "un buen conocedor de la Administración". 

La institución, que acumula ya medio siglo de vida, ha quedado descabezada en el peor momento posible. Los números de este año amenazan con romper la tendencia de 12 ejercicios consecutivos de reducción de víctimas mortales. En juego está una experiencia que ha desatado la admiración de las autoridades comunitarias, convencidas de que la mortalidad en las carreteras era una especie de maleficio inevitable en los países del sur, más dados a mezclar la fiesta, la noche y el alcohol con el volante.

Esa evolución parece tener los días contados. El balance hasta agosto en las carreteras españolas registra 669 muertes, 53 más (un 9%) que en los primeros siete meses de 2015. Las exitosas políticas de seguridad vial que lograron reducir un 70% las muertes en la carretera desde principios de 2000 -cuando perdían la vida 6.000 personas al año- ya se habían estancado en los últimos ejercicios. En las vías interurbanas, excluidas las ciudades donde la competencia es de la Policía Local, fallecieron 1.134 personas en 2013, 1.132 en 2014 y 1.131 el año pasado. El balance provisional apunta a que 2016 cerrará con más víctimas y cambiará la curva de 13 años de gráficas. 

Que la caída de muertes iba a tener un suelo antes o después es algo que dan por descontado todos los expertos. Pero las asociaciones de víctimas alegan que se han relajado las políticas de prevención y que en el mandato de Seguí han primado las ocurrencias. Su idea para establecer una clasificación de autoescuelas en función de los siniestros de sus alumnos, por mucho que su evaluación corresponda a Tráfico, indignó también a la patronal que agrupa a estas academias, enfrentadas además a la dirección de la DGT por los contratos de los cursos de recuperación de puntos.

Las principales asociaciones de automovilistas tampoco van a echar de menos esta última etapa de la Dirección General de Tráfico. Globos sonda lanzados por algunos de sus dirigentes, como prohibir la circulación a los conductores mayores, han recibido el rechazo de colectivos como el RACE, o Automovilistas Europeos Asociados. Incluso la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA lamentó que Seguí –profesora de Medicina Preventiva en la Universidad de Navarra con un doctorado en prevención de accidentes por Harvard– renunciase en medio del escándalo y no lo hiciese antes como consecuencia del repunte de la mortalidad en las carreteras. 

El último en alzar la voz ha sido un referente de la DGT, Pere Navarro. Es el hombre que cambió la historia de la siniestralidad vial en España después de que el presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, diese a la prevención de accidentes categoría de asunto de Estado.

Bajo el mandato de Navarro, entre 2004 y 2012, las víctimas se redujeron un 65%. Sin querer ajustar cuentas con su sucesora, Navarro ha lamentado en una entrevista en eldiario.es que la DGT ha perdido la complicidad con los ciudadanos y reivindica medidas imaginativas para dar un nuevo impulso a la prevención de los accidentes en un momento en que el parque móvil español sigue envejeciendo como consecuencia de la crisis.

Su idea es que los siniestros en la carretera no son fruto de ningún fatalismo irresoluble sino un problema que la sociedad debe resolver. Por ello considera imprescindible rehabilitar el buen nombre de la institución que presidió.

Fuente: El Diario