La Mesa del Congreso admite a trámite una ILP que pide la eliminación del complemento "nivel 33" para políticos cesados

La Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados ha acordado admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una proposición de Ley que "elimine los privilegios de índole retributiva de la clase política cesada", en concreto la supresión del complemento conocido como "nivel 33" para cargos políticos que regresan a su empleo como funcionarios.

La iniciativa, presentada por la plataforma 'Sin prebendas', compuesta por un grupo de activistas de la provincia de Ciudad Real, dispone ahora de un periodo de nueve meses para conseguir 500.000 firmas y poder así ser presentada al Congreso de los Diputados, según puntualiza José Manuel Pérez Trujillo, uno de los impulsores.

En la notificación de la Mesa firmada el 6 se septiembre por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y a la que ha tenido acceso Europa Press, se acuerda asimismo comunicar el acuerdo a la comisión promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado.

En la exposición de motivos, los promotores señalan que, en determinadas situaciones, cargos de representación pública como diputados, senadores, presidentes de diputaciones o alcaldes mantienen sus "privilegios retributivos" conocidos como "nivel 33" de forma indefinida, una vez cesados y reincorporados a su puestos de trabajo en las diferentes administraciones públicas. "Todo ello", prosiguen, "a pesar del actual contexto de crisis y aplicación de políticas de austeridad para la reducción del déficit; recortes que son especialmente significativos en educación, sanidad, bienestar social y condiciones laborales de los empleados públicos".

"Las Cortes deben legislar en favor del pueblo español, y la norma citada deja fuera de su ámbito a más del 99% por ciento de la población, dándose el caso, en líneas generales, de que es la población menos necesitada de complementos económicos la más favorecida en estas situaciones", subrayan.

Según puntualiza Pérez Trujillo, los complementos de destino que pretende eliminar la nueva ILP a escala nacional toman su nombre del artículo 33.2 de la Ley 31/1990, que estableció su pago para funcionarios del Gobierno de la Nación. Posteriormente algunas comunidades autónomas legislaron de forma similar para aplicar los complementos a sus propias plantillas funcionariales y de empresas públicas, aunque gobiernos regionales como los de Castilla-La Mancha o Baleares los han suprimido en los últimos años, no sin debate político.

El complemento se aplica a los funcionarios que se reincorporan a su plaza tras ocupar un cargo público para "compensarles" por el tiempo en que se han visto apartados de la posibilidad de promoción profesional.

Los ponentes de la ILP desconocen a cuánto podría ascender el montante global que se destina anualmente a este concepto, dada la diversidad de administraciones, aunque estiman que, según el nivel del funcionario, el plus asciende a entre 180 y 850 euros mensuales para cada beneficiario.

El representante de 'Sin prebendas' ha explicado que, tras la admisión a trámite, debe comenzar un "arduo y costoso" trabajo para organizar la recogida de firmas, un proceso en el que esperan contar con la ayuda de plataformas de activistas y partidos políticos.

Fuente: La Vanguardia