Esta semana el ministro del interior ha desvelado una serie de medidas para intentar parar el incremento de siniestralidad y víctimas en las carreteras, en claro repunte desde que la economía acelerara su crecimiento. Con un rigor y propiedad que hacía años que no veíamos en la Dirección General de Tráfico, la entidad ha sabido preguntar a los técnicos y agentes cuáles eran los principales problemas a los que se estaban enfrentando y ponerles remedio con un coste económico razonable, ya que se habla de 17 millones de euros de inversión.
Muchos medios han destacado la presencia de nuevos radares, pero lo cierto es que, entre las medidas, se incluye señalizar con más ahínco algunos radares que todavía cazan a muchos conductores, ya que lo que realmente interesa es que se reduzca la velocidad, y no cazar a cuantos más conductores mejor. Se van a reubicar otros radares en zonas de mayor riesgo e incluso utilizar la tecnología no para multar, sino para advertir a los conductores de que circulan más rápido de lo debido.
A ello, velocidad y radares, se suma una nueva señalización de puntos negros, de las zonas de adelantamiento en las vías de doble sentido, de nuevas señales en cruces de carreteras, un nuevo sistema de cámaras que multará los que aún no se ponen el cinturón de seguridad y unas instrucciones claras para que los agentes actúen allí donde es más preciso, es decir, donde hay más probabilidad de accidentes. Igualmente. La DGT va a lanzar unas pautas de actuación para los municipios, ya que en sus calles no tiene competencias la DGT y depende de cada ayuntamiento la aplicación de unas u otras medidas.
Las propuestas nos gustan, y dejan en su lugar a la anterior gestión del ente, capitaneada María Seguí, a la que acompañó un aumento de siniestralidad contra el que no hizo ademán alguno, ocupada como estaba en otros asuntos. Esperemos que los datos acompañen nuestro optimismo.
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