Vanesa Fernández: "LOS EXAMINADORES RECLAMAN SU LEGÍTIMO DERECHO AL EJERCICIO DE HUELGA"

De no llegar a un acuerdo entre la DGT y los examinadores, éstes llevarán a cabo una huelga indefinida a partir del próximo 4 de septiembre.

            Ante las declaraciones vertidas por el Sr. López Marín, presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas en las que tildaba la huelga de los examinadores de tráfico como ilegal y abusiva, pidiendo además la privatización del servicio, la Delegada de Asextra en Galicia, Vanesa Fernández, le recuerda que “la Constitución Española reconoce en su artículo 28.2 el derecho de huelga como un derecho fundamental y que lo abusivo e ilegal es el incumplimiento de un acuerdo pactado entre la Administración y los examinadores en el año 2015”. A este respecto la Delegada de Asextra manifiesta que las autoescuelas deben reclamar a la administración los daños sufridos ya que la incompetencia de los máximos gestores de la Dirección General de Tráfico, “tándem Serrano – Cremades” ha llevado a las autoescuelas a la situación en la que se encuentran hoy en día. “Es significativo, afirma Vanesa Fernández, que la DGT haya dejado de recaudar desde que se inició este conflicto unos 12 millones de euros en tasas; tres veces más de lo que costaría arreglar este problema”.

            ¿Por qué la DGT no ha hecho ninguna propuesta que permita desbloquear este conflicto? ¿Por qué la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra Cifuentes, ha decidido aumentar el salario de los funcionarios de Justicia? ¿Por qué el Ministro de Justicia se sienta a negociar con los Jueces ante una amenaza de huelga y llegan a un acuerdo? Ante todas estas incógnitas la Delegada de Asextra en Galicia lo tiene muy claro: “es evidente que lo único que pretende el Sr. Serrano es privatizar un servicio que resultaría muy rentable para la CNAE, tal y como quiere su Vicepresidente, el Sr. López Marín, ya que las tasas recaudadas por este servicio en el año 2016 ascendieron a la friolera cifra de 114,4 millones de euros. Es notorio y de todos sabido que el deterioro de un servicio es el paso previo a la privatización, y el Sr. Cremades lleva desde el año 2012 al frente de la Secretaría General con distintos Directores Generales del Partido Popular que no han querido mejorar el servicio sino todo lo contrario”. La situación de desamparo de los examinadores por parte de la Dirección General ha llegado a límites insufribles y por eso, de no remediarse la situación, el colectivo examinador iniciará una huelga indefinida a partir del 4 de septiembre. No es cierto, tal y como afirma el Sr. López Marín que atender a la demanda del colectivo examinador suponga un gasto a la administración de 12.000 millones de euros al tener que subirle a todos los funcionarios públicos. “El Sr. López Marín igual desconoce que en el año 2008 se le subió a la inmensa mayoría de los funcionarios entre los que no se encontraba el colectivo examinador, prometiéndonos una subida posterior que nunca ha llegado”, afirma Vanesa Fernández. Lo que el colectivo examinador está reclamando es que se ponga fin a una discriminación salarial que se produjo en el año 2008 y que la DGT se comprometió a acometer en el año 2015.

            Los hechos objetivos acaecidos desde el pasado 19 de junio, cuando empezó la huelga de los examinadores de tráfico, son las dos únicas reuniones mantenidas con el comité de huelga en las que el director general estuvo presente apenas cuarenta minutos en la primera reunión y una hora en la segunda reunión. No se ha planteado ninguna propuesta que responda a las demandas del colectivo examinador. Ante esto la Delegada de Asextra en Galicia solicita “la dimisión inmediata del Director General de Tráfico por incompetente e incapaz a la hora de gestionar el conflicto laboral que tiene en su dirección general. Un cargo público que no puede, no sabe o no quiere solucionar un problema que está costando dinero a las escuelas y cercenando un derecho de los ciudadanos, no merece permanecer ni un minuto más en el cargo que ostenta.”