La seguridad vial es una cuestión de salud pública y por lo visto no todos se han enterado

Jornada postelectoral. Empieza a ser una costumbre entre los españoles ir a votar más de una vez al año; a lo mejor deciden que votemos una vez al año y de esa manera iremos contando elecciones como los cumpleaños. Todavía desconozco si se formará gobierno. Eso sí, estoy tranquilo.

Cualquiera que acceda al gobierno seguirá manteniendo las reformas en materia de educación vial que están pendientes de aprobación por parte del congreso, otras pendientes de resolución del Tribunal Supremo y otras que están por llegar pero que ya han sido presentadas. Reformas como la implantación de 8 horas de formación a los aspirantes al permiso de conducir, donde los futuros conductores escucharán testimonios de víctimas de accidentes de tráfico, hablarán sobre la siniestralidad vial centrándose en los grupos más vulnerables y tratarán los factores de riesgo como la velocidad, las distracciones – entre ellas el uso del teléfono móvil mientras se conduce -, el alcohol, las drogas y los psicofármacos, entre otras cosas.

Es cierto que los programas electorales de los partidos políticos son exiguos en cuanto a proyectos y mejoras en pro de la educación vial y, por ende, en lo que debe suponer una reducción de los accidentes de tráfico, accidentes que generan enormes daños en el tejido social; víctima, familias, amigos, situación laboral, etc. sin dejar de lado los costes económicos.

Son exiguos porque a quién le importa que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe global de 2018 los accidentes de tráfico sean la principal causa de muerte en jóvenes o que más de 1.25 millones de personas mueran cada año como consecuencia de accidentes de tráfico.

Fuente: thetrafficnews.com

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