La investigación de una posible trama que cobraba pequeños sobornos por agilizar o falsear trámites menores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz llega a su fin. Este trabajo policial fue desarrollado por la Guardia Civil, en dos fases diferentes entre 2012 y 2013. Ahora termina su fase de instrucción previa. Tras más de tres años de documentación, trámites, declaraciones y recopilación de la información, fuentes judiciales aseguran que de las 40 personas investigadas, sólo diez tendrán que afrontar un juicio por delitos y faltas relacionados con la falsificación de documentos oficiales, la prevaricación o el cohecho. Las restantes, han sido apartadas del proceso y así se les ha comunicado.
La Fiscalía de Cádiz ha confirmado esta decisión que deja a esos 30 afectados al margen de la investigación que ahora se ha centrado, finalmente, en los presuntos promotores de unas prácticas que consistían en cobrar pequeños sobornos de forma muy frecuente, cotidiana. Los presuntos hechos –detectados a finales de 2012 y en los primeros meses de 2013 pero que habrían comenzado años antes– consistían en el cobro irregular y oculto de reducidas cantidades de dinero por acelerar los trámites que se realizan habitualmente ante este organismo.
Se trataría de actuaciones como eliminar las cargas que gravan un vehículo mediante documentación falsificada o agilizar matriculaciones, altas o bajas en tiempo récord. Siempre a cambio de un sobresueldo que los implicados habrían recibido directamente, en mano.
El juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz abrió una investigación que, durante aquellos meses, hace tres años, puso patas arriba el organismo dependiente del Ministerio del Interior. Se trata de unas instalaciones a las que acuden a diario decenas de ciudadanos (ubicadas junto a la plaza Asdrúbal de la capital gaditana) para dar registrar automóviles, renovar el carné de conducir o recurrir y pagar multas.
Las pesquisas que realizaron entonces sacaron a la luz una supuesta trama corrupta en la Jefatura. Inicialmente, el número de personas imputadas –actualmente se les denomina «investigadas»– ascendió a 40. A todas se les tomó declaración para tratar de aclarar los mencionados delitos (falsificación de documentos oficiales, prevaricación ycohecho). Sin embargo, a falta de unas semanas para que se celebre la vista oral presidida por la jueza que entiende del caso, la cifra final de acusados queda reducida a la cuarta parte.
La investigación considera que hay indicios de participación en diez de esas personas y las demás quedan definitivamente al margen de los hechos, según las mismas fuentes judiciales. En este listado inicial de investigados había, al menos, nueve funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico que habrían formado la columna vertebral de la trama. También aparecían inicialmente implicados agentes de la Guardia Civil, en activo, retirados o en segunda actividad. En la investigación también ha estado implicados varios trabajadores de gestorías de la provincia que podrían haber colaborado en las tramitaciones, previo pago. La presunta red corrupta se habría abastecido durante años de los clientes que acuden a Tráfico en busca de soluciones rápidas, con la necesidad comercial de gestionar matriculaciones, altas o bajas de vehículos.
Fuente: La Voz Digital
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