Las comunicaciones electrónicas hunden a los juzgados en un caos informático

La implantación de las comunicaciones electrónicas en la Justicia se está convirtiendo en una pesadilla para los profesionales que trabajan en esta Administración. Lejos de acortarse los plazos en la tramitación de los procedimientos, lo que se percibe es justo lo contrario. Desde el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor la obligatoriedad de utilizar la plataforma Lexnet para los actos de comunicación con los juzgados y para todos los procedimientos iniciados a partir de esa fecha, son continuas las quejas de los distintos colectivos: funcionarios de Justicia, fiscales, abogados, procuradores, graduados sociales... Tantas, que se han sucedido las peticiones de una moratoria hasta que se solucionen los problemas que está acarreando la puesta en marcha del nuevo sistema y que se aprecian en ejemplos tan concretos como que en los emblemáticos juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, se estén repartiendo hoy asuntos registrados hace un mes y medio. Los funcionarios denuncian un auténtico limbo informático.

Las caídas del servidor, su falta de capacidad, la escasez de medios materiales en los juzgados para afrontar las nuevas tecnologías, la incompatibilidad de los sistemas informáticos de distintas comunidades autónomas con Lexnet, la duplicidad de escritos o directamente el incumplimiento de la ley en algunas comunidades están marcando los primeros meses de andadura de esta aplicación Lexnet cuyo objetivo es el papel cero en los juzgados y agilizar los tiempos procesales.

Mientras desde el Ministerio de Justicia se pide paciencia a los profesionales para afrontar esta fase inicial y se recuerda que los actos de comunicación y presentación de escritos se reducirán de 60 días a menos de 20, los profesionales incendian las redes sociales con mensajes de desesperación y escepticismo. Tanto, que hay comunidades autónomas, como la Valenciana, en la que directamente se está incumpliendo el mandato de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En otras, como la Comunidad de Madrid, se están salvando la situación a golpe de improvisación: el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, ha prorrogado hasta el 31 de marzo la obligatoriedad de abogados y procuradores de presentar todos sus escritos por duplicado: por vía telemática y en papel.

Los escritos, por duplicado

Esta duplicidad está poniendo en pie de guerra a abogados y procuradores, absorbidos ahora por gestiones burocráticas y bajo la presión de unos plazos que ni siquiera se sabe cuándo vencen, pues el tiempo de caída o de parada técnica del sistema no se descuenta a efectos procesales. A ello se suma que el abogado no siempre tiene constancia del acuse de recibo (de haber presentado la demanda) por parte de Lexnet y que la capacidad del servidor obliga a presentar una misma demanda fragmentada en varios envíos, lo que incrementa los riesgos de fallo técnico o incluso pérdida del escrito.

Como pone de manifiesto el sindicato de funcionarios CSIF, los problemas se agravan en las comunidades autómomas con las competencias de justicia transferidas: además de la Valenciana, Madrid y Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco. En total en toda España hay ocho sistemas de gestión procesal distintos, lo que complica la puesta en marcha del sistema. A ellos se suma que a día de hoy hay muchos juzgados que no solo no disponen de medios tecnológicos, sino que muchos jueces carecen de firma electrónica, necesaria para llevar a cabo estas comunicaciones.

Desde el Ministerio de Justicia aseguran que están intentando estabilizar lexnet, evitar las caídas y mejorar su capacidad, pero a día de hoy se descarta una moratoria por la actual parálisis dela función legislativa. Entretanto, juzgados y profesionales siguen enredados en la paradójica burocracia de las nue vas tecnologías.

Fuente: ABC