La directora general de Tráfico, María Seguí, (de paisano) en el laboratorio de Motorland. |
Los documentos de cuatro cadáveres que fueron cedidos por sus familias para una investigación de tráfico que se realizó en un laboratorio de Motorland, en Alcañiz, se falsificaron. Un perito caligráfico ha concluido que no son auténticas las firmas atribuidas al director de la investigación Juan José Alba, quien, a su juicio, fue cesado en 2014 por querer apartar al investigador Francisco López Valdés, casado con la directora general de Tráfico (DGT), María Seguí.
La prueba pericial fue reclamada por la Fiscalía y concluyó que las firmas atribuidas a Juan José Alba López, que aparecen estampadas en los documentos de solicitud y autorización sanitaria del traslado de cuatro cadáveres, no tienen relación con la letra indubitada del exdirector de esa investigación. En total, se cedieron siete cadáveres a la Universidad de Castilla La Mancha y desde allí se enviaron hasta Alcañiz. Eran personas de entre 35 y 93 años, procedentes de Albacete, Madrid y Valencia, que donaron sus cuerpos para la ciencia.
Alba López, que fue coordinador del proyecto Bio Advance, interpuso una denuncia en la Fiscalía en septiembre de 2015 por graves irregularidades de la custodia de siete cadáveres conservados en el Instituto de Ingeniería de Aragón I3A de la Universidad de Zaragoza. "No es ético, ni humano, que siete cadáveres puedan encontrarse en un laboratorio en medio de dudas sobre la corrección de los procedimientos de donación y, lo que es peor, sin certeza de quién es el responsable de la custodia y cumplimiento de sus últimas voluntades", criticó en la denuncia.
Diligencias del juzgado
La Fiscalía consideró que había indicios de delito y, a partir de allí, la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Zaragoza abrió unas diligencias previas y podría llamar a testigos y sospechosos. El exdirector de la investigación señaló que debe velarse por la regularización de la documentación, como indicó el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (Ceica), y reclamó que lo desvinculen de la custodia de los cadáveres. "Yo no me personé ante nadie como representante legal de los fallecidos (como aparece en el documento falsificado) y todas las firmas con mi nombre son falsas", denunció.
De hecho, en alguno de los documentos se utilizó un típex para borrar el término sepultado, que se cambió por incinerado. Las familias de los fallecidos que donaron sus cuerpos para la ciencia no fueron informadas del sepelio posterior a esta investigación en el laboratorio de Alcañiz.
Juan José Alba detalló que lo cesaron en noviembre de 2014 por haber querido destituir al responsable técnico Francisco López Valdés, ingeniero industrial y marido de la directora general de Tráfico, a quien acusaba de "muestras de deslealtad desde que empezó a trabajar en 2012". "Llegué a pagar el proyecto con mis recursos", agregó.
Como adelantó HERALDO en enero de 2015, María Seguí se desvinculó del cese del director de la investigación porque argumentó que "le retiró la confianza el Rectorado". Asimismo, resaltó que su marido es un investigador premio Marie Curie.
Además de abrir las diligencias sobre la custodia de los cadáveres, Juan José Alba interpuso varias demandas a la Universidad de Zaragoza porque no recibió diversos documentos que se referían a este caso y que sí recibió el Rectorado. Una de ellas fue aceptada por un juzgado contencioso administrativo, que obligó a que se los enviaran.
El silencio del Rectorado
"Comuniqué hace tiempo al Rectorado lo que estaba pasando en el laboratorio y no se adoptó ninguna resolución. Se me ocultaron documentos que enviaron dos personas desde Alemania y Suecia, pero al final tuve que solicitarlos a través de un juzgado para que me los dieran", manifestó Alba. Ahora, ha comunicado al rector Manuel López la intervención de los Juzgados de Zaragoza y la irregularidad con los cadáveres.
Fuente: Heraldo de Aragón
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