Lleva diez años al frente de ASEXTRA, y más de 30 como funcionario examinador del permiso de conducir e inspector de centros colaboradores de Tráfico en Sevilla. Durante años también fue instructor de nuevos examinadores. Formó parte del grupo técnico de exámenes de la DGT que puso en marcha los exámenes de calidad en España y forma parte de las mesas técnicas que estudian y proponen mejoras en los procesos de evaluación. Ha sido ponente y conferenciante en reuniones y jornadas nacionales e internacionales sobre formación y evaluación.
Según sus datos, ¿cuántos examinadores hay en la actualidad y cuántos serían necesarios para dar un buen servicio de exámenes de conducir?
Hemos llegado a ser más de 900 examinadores antes de la crisis y actualmente la plantilla se encuentra alrededor de unos 700.
Siguen produciéndose jubilaciones anticipadas y cambios de destino, consecuencia de que este puesto de trabajo no está valorado ni retribuido por la Administración tal y como merecen sus altas responsabilidades.
Tenemos esperanzas que el nuevo titular de la DGT ponga orden en el organismo y atienda las demandas de este colectivo que son muy justas y razonables. El director nos ha dado su palabra de que iba a trabajar para encontrar soluciones y desde ASEXTRA estamos expectantes. No podemos esperar mucho más.
Las últimas convocatorias para cubrir vacantes en la plantilla de examinadores de la DGT no han sido precisamente un éxito. ¿Verían ustedes con buenos ojos que la convocatoria se abriera a otros profesionales no funcionarios?
Creemos firmemente que el Servicio de Exámenes debe seguir teniendo carácter público, con personal funcionario que no se nos olvide, ha accedido al puesto por méritos y capacidad y en libre concurrencia con miles de personas y que además, son independientes de intereses económicos, políticos y de cualquier otra índole.
Cualquier otra solución que pase por cualquier forma de privatización parcial, total, mixta o también llamada con el eufemismo de "colaboración público-privada" que se ha barajado en algunos lugares, sería un desastre para el sector, que provocaría el cierre de numerosas autoescuelas, el paro de muchos autónomos, pero sobre todo, y lo más importante sería muy perjudicial para los intereses de la ciudadanía en general.
Denos su fórmula para solucionar el problema de la escasez de examinadores.
Lo primero que tiene que hacer la administración es hacer más atractivo el puesto de examinador. Este paso es imprescindible para que los funcionarios quieran ser examinadores y soliciten las plazas que se ofertan. No puede ser que apenas haya diferencia con el personal de oficina que no corren los riesgos inherentes a este puesto ni tiene horario especial ni las dificultades de conciliación familiar que sí soportan los funcionarios examinadores.
En definitiva, solo pedimos que se produzca un reconocimiento y dignificación de este puesto dadas las especiales condiciones y singularidad de este trabajo, además de su complejidad técnica, penosidad, peligrosidad por riesgos de accidentes, agresiones y trabajo a la intemperie.
Nosotros apostamos por crear la escala de técnicos examinadores, con oposiciones propias, para que todos aquellos ciudadanos que por formación y vocación quieran ser funcionarios examinadores puedan serlo. Esto propiciaría que se pudieran cubrir las vacantes actuales con funcionarios elegidos por mérito y capacidad, como los que ya ocupan estas plazas.
Si Hacienda no libera suficientes fondos, y la plantilla de la DGT sigue perdiendo efectivos, ¿entenderían ustedes que la Administración buscase la colaboración del sector privado?
Nos dice el actual responsable de la DGT que no contempla esta posibilidad y nosotros creemos en lo que nos dice. Sabemos que está trabajando para buscar soluciones manteniendo el carácter público de los exámenes.
Insisto, cualquier movimiento hacia la privatización o "colaboración público-privada" ocasionaría un caos en el sector y al ciudadano.
Y tenemos varios ejemplos con los que ilustrar esta opinión, como lo que está ocurriendo, sin ir más lejos, con el permiso clase A, el único que consideramos privatizado ya que se encargan las autoescuelas de gestionar los cursos de acceso al mismo.
Nos consta que se están investigando numerosas denuncias de particulares y empresas porque estos cursos no se están realizando con arreglo a la norma, incluso a veces, puede que no se realicen, sin más.
Además, por falta de personal y en ocasiones, creemos que por falta de interés o cuestión de prioridades de algunos jefes provinciales, el caso es que desde la DGT no se está supervisando como debiera que estos cursos se están realizando.
Los examinadores manifestamos estar completamente en contra de cualquier privatización. Ya nos hemos movilizado hace un poco más de un año defendiendo entre otras cosas, el servicio público de exámenes y sin duda, seguiremos luchando por ello.
Los examinadores reivindican básicamente un mayor sueldo y unas mejores condiciones laborales. ¿Cuántas pruebas de circulación debería hacer al día como máximo el examinador, calculadas con el baremo del permiso B? Ahora son 13.
Diversos estudios y pruebas realizadas antes de la implantación del actual protocolo de calidad de los exámenes, aconsejan un máximo de 12 pruebas para el permiso clase B. No se debe primar la cantidad sobre la calidad y las cargas de trabajo deben estar acordes a esta premisa.
¿Ve usted lógico y pedagógico que se le explique al aspirante a conductor qué errores ha cometido en la prueba de circulación, pero no se le diga si ha suspendido o ha aprobado?
En primer lugar quiero matizar que al aspirante sí se le dice el resultado de la prueba práctica, otra cosa es que no se haga de forma inmediata, sino posteriormente, como pasa con el teórico y en este último caso, a nadie parece molestarle que no se sepa la calificación en el momento y eso a pesar que la tecnología posibilitaría saber ese dato al instante.
No nos cabe la menor duda que el valor pedagógico no lo aporta saber el resultado, sino las explicaciones posteriores con el fin de revisar aquellas cuestiones que se pueden cambiar o mejorar. Y no nos referimos sólo a aquellos alumnos que pudieran posteriormente ser declarados no aptos, sino incluso para los que hayan superado la prueba. Siempre una explicación por parte de un profesional independiente como el examinador, ayuda a mejorar a ese futuro conductor.
Desde que se sigue la referida práctica de no comunicar el resultado, ¿ha bajado o no el número de incidentes violentos o de agresiones a los examinadores?
Es evidente que sí. Se ha demostrado que la reacción violenta se produce al recibir el resultado de "no apto", independientemente de las explicaciones y razonamientos que pueda hacer el examinador sobre las faltas cometidas.
Pero sobre este particular quisiera añadir que en un número significativo de jefaturas se está desvirtuando uno de los puntos reivindicativos del acuerdo de desconvocatoria de huelga por un simple tema organizativo al obligar el jefe de turno a recoger los expedientes de los aptos y devolver los no aptos, poniendo en riesgo físico al funcionario examinador ya que el alumno de forma "oficiosa" y con la colaboración de su profesor puede saber si ha aprobado o no.
Hay muchas jefaturas cuyos jefes provinciales se han organizado con el fin de que los examinadores no deban recoger los expedientes de los aptos y así cumplir con el acuerdo de desconvocatoria de huelga. Sin embargo hay otro grupo de jefes provinciales que por falta de voluntad, no ven posible organizarse de manera que no se ponga en peligro la integridad del examinador.
En todo caso digo, que si los responsables de la DGT no toman cartas en el asunto y cumplen con lo establecido en lo firmado en la desconvocatoria de huelga en pro de la seguridad de los funcionarios, las consecuencias que se puedan derivar de este incumplimiento pueden no gustar a nadie.
Asextra han propuesto recientemente un número de clases prácticas mínimo para los aspirantes a conductores y que se premie con más exámenes a las autoescuelas cuyos alumnos aprueban más. Razone los motivos.
La evaluación forma parte de la formación y como tal, nosotros queremos evaluar un aprendizaje. Como pasa en el resto de países, creemos necesario que si la población voluntariamente no da esas clases, la Administración obligue a una formación para la conducción.
Nuestra obligación y responsabilidad como profesionales implicados en la seguridad vial debe ser que salgan buenos y seguros conductores, que sigan los elementales preceptos de la seguridad vial y rebajar con ello el insoportable número de accidentes de tráfico y muertos.
En cuanto al cupo de examen según resultados no es una novedad en Europa, ya existe en otros países e intenta premiar los centros que trabajan para que sus alumnos tengan un buen aprendizaje, que se molestan en enseñar seguridad vial. También posibilitaría desterrar las ofertas engañosas que nada aportan al sector.
Esta medida se podría implementar con otras actuaciones como la limitación del número de veces que un alumno puede ir a examen, con el fin de que se concentre en prepararse para pasar la prueba y no ir a probar suerte. Y todo ello junto con la obligatoriedad de tener un número mínimo de clases teóricas y prácticas antes de ir a examen.
Ni que decir tiene que es una propuesta que se puede estudiar y mejorar, pero sobre todo adaptar a las condiciones del sector en este país y podría implicarse en la mejora del sistema a todos los actores participantes, desde autoescuelas, formadores, responsables de la DGT y los propios examinadores que como profesionales, algunos con dilatada experiencia, seguro que pueden hacer sus aportaciones. Lógicamente, ofrezco a mi organización, ASEXTRA para trabajar en este sentido.
Se ha señalado que los aspirantes que se examinan del teórico en los centros desplazados tienen ventaja porque los test en papel siempre son los mismos, lo que facilita su memorización. ¿Por qué no se llevan los examinadores copias en papel de exámenes confeccionados aleatoriamente por ordenador, hechos ese día o el día anterior?
La batería de preguntas que se manejan en el ordenador y las que se utilizan en el soporte papel son las mismas. Y si los jefes provinciales siguen las directrices que les marca la DGT al respecto, no se puede dar el caso que afirma en la pregunta.
Con respecto al material que llevan o no los examinadores para la realización de las pruebas oficiales, es competencia del responsable correspondiente en cada jefatura.
¿Cree Asextra que todos los centros desplazados que existen en la actualidad reúnen las condiciones suficientes para garantizar una buena prueba de circulación?
Se puede trabajar y estudiar cada caso concreto porque desde que se establecieron esos puntos de examen, han podido cambiar las condiciones de los mismos (a mejor o a peor). En todo caso, es responsabilidad de la DGT con sus técnicos al frente, valorar si son adecuados o no.
Hablando en términos generales (con el riesgo que ello implica), ¿diría usted que hay un buen clima, que hay entendimiento, entre los profesores de Formación Vial que acuden a los exámenes y los funcionarios encargados de evaluar las pruebas?
En general sí y de hecho nuestra Asociación de Examinadores que aglutina a la gran mayoría de estos funcionarios, mantiene contactos con numerosos grupos de profesores y empresarios. Insistimos que la evaluación forma parte de la formación y como tal, debemos trabajar juntos para un objetivo común: la seguridad vial y la formación de un conductor seguro.
En caso negativo, ¿qué propondrían ustedes para mejorar dicho clima?
Como he dicho anteriormente la relación entre examinadores y profesores, en general es buena, dentro de la profesionalidad y cordialidad que nos obliga a todos, independientemente de algún caso puntual.
Lo que desde mi punto de vista debemos hacer ambos colectivos es respetarnos y entender cada uno el trabajo del otro, con la suficiente empatía por ambos lados.
En estos tiempos, en los que se mide todo, ¿aceptarían ustedes que se evaluase el trabajo de los examinadores?
Por supuesto y de hecho, ya se hace en cumplimiento de la normativa europea y española. Pero es que además, ASEXTRA lleva años reclamando formación y reciclajes adecuados y presenciales, pero no sólo para los funcionarios, también para formadores y conductores en activo.
Ya se ha empezado hace algún tiempo con los examinadores, algo que agradecemos. Nadie está más interesado que nosotros en ofrecer un servicio público de calidad y que se ponga en valor el trabajo que hacemos y la responsabilidad que asumimos a todos los niveles.
¿Algo que quiera añadir?
Quiero aprovechar, una vez más para dar nuestra opinión con respecto a la tremenda barbaridad que para nosotros supone que se permita circular en territorio nacional con motos de las que faculta el permiso clase A1, sin haber obtenido este permiso, incluso sin haber acreditado siquiera haberse montado en una moto alguna vez y esto sólo por tener en posesión el permiso clase B de turismos con una antigüedad de 3 años, que encima, nadie acredita que esos 3 años sean de experiencia conduciendo.
Es un auténtico despropósito, algo que también pensamos sobre la manera de obtener el permiso clase AM, el de ciclomotor, ya que después de una prueba teórica menos exigente incluso que para el B, se debe realizar una prueba práctica en circuito cerrado consistente en circular por una franja de 6 metros y sortear 5 jalones. Con esto según la Administración ya es suficiente para integrarse en el flujo circulatorio, y hablamos de chavales de 15 años.
Creemos que esto debe cambiarse en futuras modificaciones de la normativa.
Fuente: Revista Autoescuela
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