La DGT va a revolver entre los resquicios que le permite la ley para endurecer la repuesta a los conductores que no respetan las normas. A los que se saltan la prohibición de consumir alcohol, u otras drogas, antes de ponerse al volante y salpicar de riesgo la seguridad y la integridad del resto de usuarios de la vía pública, les esperan novedades a lo largo del año que acaba de comenzar. Las reglamentarias, que saldrán de un protocolo de actuación con el sistema público de salud para conseguir un sistema eficiente de revisión médica. El fin es que los conductores reincidentes en positivos por consumo de alcohol sean desviados a un control médico para que un facultativo determine si el infractor ofrece unas condiciones adecuadas para conducir.
Mientras los servicios médicos públicos valoran si el individuo reincidente por consumo de alcohol tiene que someterse a un proceso de desintoxicación de alcohol o drogas antes de volver a verse facultado para guiar un vehículo, adquiere relevancia la autoridad que confiere a las jefaturas provinciales de tráfico capacidad para suspender temporalmente el carné de conducir. Esa licencia sólo se devolvería cuando existieran valoraciones médicas que respalden que los infractores responden a condiciones psíquicas y físicas adecuadas para la conducción de un vehículo. La intervención excepcional de los responsables provinciales de Tráfico se admite al amparo del reglamento general de conductores, que permite a estos gestores declarar que un titular puede haber perdido su aptitud para conducir, bien sea por motivos de edad o tras pronósticos sobre el estado de salud; hay también ejemplo en torno a usuarios que confunden las normas de circulación y emprenden ruta en sentido contrario.
Esta revisión de reglamento figura en las previsiones que se manejan para aplicar cambios a la normativa de incremento de respuesta a los excesos de consumo al volante. La reforma se pretende en torno a una base de consenso entre grupos políticos, que hacen de la seguridad vial un recurso casi continuo en sus intervenciones ante Congreso o Senado, o en otros ámbitos. La peculiaridad de la intervención que ahora se gesta tiene en el foco un porcentaje casi testimonial de conductores, pero una repercusión extraordinaria a la hora de evaluar la eficacia de una conducción sin peligro para la seguridad vial. El 1% de los conductores comprometen la viabilidad del resto. Las últimas estadísticas que derivan del resultado de los controles realizados por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico fijan en torno al millar el número de conductores leoneses que estarían en ese grupo de reincidentes; entre los que han arrojado positivo en dos o más ocasiones en un control preventivo de consumo de alcohol realizado en los últimos cuatro años en las carreteras leonesas.
Las sanciones contemplan multas de entre 500 y 1.000 euros y retirada de 4 ó 6 puntos, según se supere en 0,5 mg/l o más la cantidad de alcohol permitida. Ahora se prepara otra línea de respuesta.
Fuente: Diario de León
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