COMUNICADO DE PRENSA - 12/08/2020

¿Qué motivaciones realmente subyacen tras el continuo y reiterado malestar de una parte del sector empresarial de autoescuelas apoyado por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)?

Últimamente se vienen publicando en diversos medios de prensa, de forma recurrente, ciertas informaciones y noticias sobre los problemas empresariales del sector de centros de formación vial, culminadas con el colofón del último comunicado emitido por CNAE en apoyo de sus asociaciones y autoescuelas en el que, como solución a la que ellos estiman como dramática y endémica situación provocada por la escasez de funcionarios examinadores, plantean una “nueva e imaginativa” propuesta a la DGT.

Desde ASEXTRA, que se siente directamente aludida por estas manifestaciones, dado el papel que le corresponde como actora involucrada y responsable en la Seguridad Vial de este país, queremos expresar ciertas consideraciones y matizaciones al respecto.

Las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia se están dejando sentir en la inmensa mayoría de los sectores productivos, si no en todos. Son muchos los trabajadores autónomos y pymes que, desgraciadamente, han tenido que echar el cierre a su empresa debido a la crisis sanitaria que está asolando a nuestro país, o que, en el mejor de los casos, subsisten a duras penas, muy endeudados y con ayudas públicas, intentando con tremendas dificultades salir a flote en medio de una crisis económica muy severa.

En este deteriorado escenario económico nacional, las autoescuelas bien pudieran considerarse afortunadas, pues retomaron su actividad el día 25 de mayo, con las debidas medidas sanitarias y con los inevitables protocolos de prevención de riesgos, pero sin dejar de funcionar en ningún momento desde ese día.

Desde esa fecha, la Dirección General de Tráfico (DGT) está realizando un loable y titánico esfuerzo tratando de ofrecer el mejor servicio posible al ciudadano, tanto en calidad como en cantidad, pues a pesar de la implantación de los parámetros y protocolos sanitarios necesarios para prevenir los contagios por el COVID-19, que, a priori, bien podrían haber reducido la capacidad de examen, por el contrario ésta no sólo se ha mantenido sino que incluso se ha incrementado en función de la disponibilidad de personal existente, solución ésta que otros organismos públicos no han podido ofrecer en modo alguno.

Es cierto que la demanda de exámenes aumenta en épocas puntuales del año y que el parón sufrido durante los meses de confinamiento ha provocado una bolsa de exámenes pendientes de realizar, pero de ahí a seguir “explotando” los efectos colaterales que en su día causó la huelga de examinadores… ¡¡¡YA ESTÁ BIEN!!!

En la actualidad el colectivo examinador incluso está realizando horas extraordinarias de forma voluntaria, a pesar del peligro de contagio por Covid-19 al que se expone por la prolongación de la jornada laboral en un habitáculo de reducidas dimensiones.

El sector de las autoescuelas se viene quejando reiteradamente de recibir por parte de la DGT un mal servicio que le provoca graves problemas de subsistencia, cuando es bien sabido que, en muchos casos, demasiados, están desarrollando su actividad sin regulación horaria y con jornadas maratonianas que exceden los límites tanto contractuales como los regulados en convenio, siendo buena prueba de ello las numerosas denuncias por parte de profesionales del sector referentes a sus precarias condiciones laborales.

Sin lugar a dudas, estas disfunciones se trasladan y repercuten directamente en los alumnos, que reciben una formación orientada al examen, con el objetivo final de obtener su permiso de conducir. Pero los aspirantes no sólo tienen derecho a ser examinados, sino también, y principalmente, a una formación de calidad en consonancia con la importancia que tiene la Seguridad Vial y, por supuesto, acorde al desembolso económico que está reportando a la autoescuela.

La legitimidad de exigir a la Administración un servicio óptimo y eficiente está fuera de toda duda, pero también es cierto que este sector empresarial debería reflexionar con seriedad acerca del cumplimiento responsable de sus obligaciones y de su compromiso hacia los tres ámbitos con los que se relaciona: sus trabajadores, sus alumnos y la propia Administración.

Independientemente de las anteriores consideraciones que esta Asociación ha entendido como oportuno exponer, siempre tendremos que posicionarnos en la defensa del carácter público y de calidad del servicio de exámenes. Por lo tanto, si todos estos movimientos se están fraguando con la idea de desprestigiar a la Administración, en concreto a la DGT, como servicio público para justificar un proyecto cuyo fin es su privatización (llámese externalización, encomienda de gestión, participación público-privada o como quiera), se encontrarán enfrente a la Asociación de Examinadores de Tráfico, que utilizará todos los medios legales a su alcance para oponerse a ello, en pro del interés público, en beneficio del ciudadano y en aras de una mejor Seguridad Vial.

Con la experiencia que tenemos en este país en cuanto a liberalización de sectores que antaño eran de titularidad pública, no se vaya a esgrimir el argumento falaz de que la libre competencia y el libre mercado repercutirán en un beneficio para el conjunto de la ciudadanía en forma de abaratamiento de los precios.

No debemos olvidar que la actividad de las Administraciones Públicas, aquellas que funcionan con nuestros impuestos, se realiza sin ánimo de lucro, con el único objetivo de satisfacer necesidades sociales del conjunto de la sociedad y garantizando al ciudadano un servicio amparado por los valores de independencia, imparcialidad, integridad y objetividad.

ASEXTRA, con ánimo constructivo y colaborador, tiende la mano para buscar soluciones en aquellas provincias que las requieran, pero siempre con la salvaguarda de la premisa de SERVICIO PÚBLICO, sin ningún tipo de ambages. El SERVICIO PÚBLICO DE EXÁMENES es innegociable.

Fuente: ASEXTRA