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domingo, 15 de noviembre de 2015

“La directora de la DGT me ofreció reconocimiento profesional a cambio de mi silencio”





Conversar con Juan José Alba (Zaragoza, 1963) significa oír hablar de comportamientos que podrían ser considerados censura, soborno, cohecho y prevaricación. Charlar con él supone también, sobre todo, escuchar a un hombre que se siente decepcionado, dolido y traicionado.

Por confiar en “una amiga”, ha pasado del laboratorio en el que había culminado sus 20 años de trabajo a batallar en cinco procesos judiciales. Ante la gravedad de los hechos, aceptamos excepcionalmente su sugerencia de revisar la entrevista antes de ser publicada.

¿Cómo empiezan sus problemas con la actual directora de la DGT, con María Seguí?

Yo conocía a María Seguí por su trabajo en la Universidad de Navarra, la habíamos invitado a unas jornadas sobre seguridad vial y teníamos amistad. En un momento dado, ella me sugiere la idea de trabajar en biomecánica de impacto y me habla de un investigador muy bueno que podría colaborar con nosotros. El proyecto suponía adaptar las instalaciones del laboratorio que yo dirigía en Motorland, en Alcañiz, que ahora –por decisión del rector- depende del Instituto de Investigación e Ingeniería de Aragón, el I3A, dentro de la Universidad de Zaragoza. Hice la apuesta: comprometí todo el dinero y los equipos que tenía de mis proyectos a la vez que solicité uno europeo que financiaría una beca para un experto –recomendado por María Seguí- en biomecánica de impacto. El problema es que solo dos o tres días después de que Francisco López Valdés firmase su contrato en 2012, cuando María Seguí ya era directora general de Tráfico, me llamó para contarme que se iba a casar con él. Me quedé helado: yo, por ética y por estética, ya no podía firmar contratos directos de la DGT. Al principio, pensé que no haberme informado antes fue un error de cálculo por su parte; ahora sé que no me lo dijeron antes porque así, ya no podría volverme atrás.

¿Cómo fue trabajar con López Valdés?

Al principio muy bien, pero rápidamente afloró un imparable afán de protagonismo, no le gustaba que nadie le controlara, era un verso suelto. El día que arrancamos el programa de ensayos nos confesó que nunca había hecho eso antes él solo; nos quedamos todos blancos. Además, los proveedores que servían los pedidos que él encargaba nos llamaban a avisarnos de que estábamos tirando dinero; yo veía que compraba equipos que no se usaban.

¿Cuándo intenta comprar su silencio María Seguí?

Detecté fallos en el accidente de circulación de una persona muy conocida. Aunque es complejo de explicar técnicamente, los errores eran tan graves que la Guardia Civil incluso se había equivocado en el modelo de coche implicado. Escribí a la directora de la DGT para contarle que esto no era un hecho aislado y que el ciudadano quedaba desprotegido, pero ella se puso a la defensiva. Un tiempo después, cuando presenté este caso en un congreso organizado por la Universidad de Valencia en febrero de 2014, Seguí me llamó para ofrecerme dar clases a la Guardia Civil, en Mérida. Había una condición: tenía que callarme, dejar de denunciar los errores cometidos en los informes de ese accidente. Era un caramelo a cambio de taparlo. Unos días después, ella me pidió que me desplazara a Madrid para hablar con el General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Tres de sus subordinados me amenazaron hasta tres veces con ponerme una querella si no me retractaba. Fue una situación muy violenta, que intimidaba bastante. Para colmo, el artículo que presenté al Congreso de Valencia fue censurado. El organizador me explicó que la directora de la DGT había amenazado con retirarle la subvención si lo publicaba. Pedí amparo al rector de la Universidad de Zaragoza y acaba de responderme inhibiéndose porque dice que me invitaron a título personal. El rector sabe que no es cierto porque en el programa del Congreso, yo aparecía como miembro del I3A y de la Universidad de Zaragoza, pero evita reiteradamente destapar las acciones de la directora de la DGT.

Finalmente, usted decidió despedir a López Valdés, ¿por qué?

Hubo varias gotas que colmaron el vaso. Por un lado, él defendía que su mujer me “premiara” a cambio de que yo me callara, decía que era la mejor opción para todos. También llegó un día diciendo que su mujer le había propuesto que firmásemos un contrato con la Guardia Civil. Yo no podía aceptar eso y él me sugirió que me apartase del proyecto. Por otro lado, participó en un Congreso en Cancún pagado –según me dijo él- por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), que es una Confederación que hace lobby a la DGT. A mí, aquello me parecía una práctica inaceptable, no quería comportamientos así dentro de mi equipo. Ahora, ya solo divido a las personas entre los corruptos y los no corruptos. Todos nos podemos equivocar, pero cuando veo actitudes reincidentes pienso que ya no se trata de errores. No tolero los nidos de porquería.

Sin embargo, no consiguió que López Valdés fuese despedido…

El despido lo bloqueó el director del I3A, Ignacio Garcés, que formalmente había firmado su contrato cuando terminó la beca europea y empezamos a pagarle con fondos propios de mis proyectos. Yo había informado a Garcés de todo lo que había pasado; aun así, cuando le dije en octubre de 2014 que quería despedir a López Valdés, me sugirió que le cediera la dirección del laboratorio precisamente a él. Y me advirtió de que si me empeñaba en despedirlo, me cuestionaría como profesional y tomaría él mismo el control. A los pocos días, cuando llegué a Alcañiz, uno de mis trabajadores me informó de que habían empezado a cambiar las cerraduras. Allí se quedaron los equipos comprados para mis proyectos e incluso algún efecto personal. Pude recuperar algunas cosas, tras firmar una lista de los efectos que retiré.

¿Qué hizo usted entonces?

Me dirigí al rector para pedir la apertura de un expediente contra López Valdés por comportamientos desleales, solicitando que se procediera a su despido. También pedí un expediente contra el director del I3A porque estaba torpedeando mi trabajo de más de 20 años. La respuesta fue que “no había lugar”. No es que el rector llegara a la conclusión de que no había ningún problema, es que el rector pensó que ni siquiera era necesario abrir ningún expediente. Me quedó claro que el rector iba a intentar taparlo todo, por lo que interpuse recurso contencioso-administrativo.

¿Qué otras denuncias ha presentado?

En estos momentos, existen cuatro procedimientos contencioso-administrativos. También hay unas diligencias penales abiertas en los juzgados de instrucción por falsificación de documentos. Por suerte, pude recuperar la documentación relativa a los cadáveres que existían en nuestro laboratorio y que siempre había estado bajo control de López Valdés. Pensé que era un material muy delicado como para dejarlo allí fuera de mi custodia, algo que me correspondía como investigador principal. Una primera revisión de los documentos me permitió averiguar que existían numerosas irregularidades que pensé que podían ser subsanables. Unos meses después, en mayo de este año, revisando los documentos con mayor profundidad, me di cuenta de que mi firma estaba falsificada, de manera que yo aparecía como representante legal de los cadáveres, algo que no es cierto. Dada la gravedad de los hechos, remití un amplio informe a Fiscalía en el que di cuenta de todas las irregularidades que había encontrado. A partir de ese momento, se abrieron diligencias. Por su parte, el rector de la Universidad de Zaragoza –que conocía los hechos porque yo le había informado y porque él poseía copia de los documentos falsificados- me pidió por escrito que hiciera entrega de la documentación original, pero le dije que eso no sería así porque el juez ya me había requerido que le entregara a él los documentos. A mí el rector nunca me ha llamado para verificar ni un solo dato pese a que le insisto por activa y por pasiva en que me tiene a su disposición para verificar lo que él desee. Sabe que no miento y eso puede incomodar.

¿Por qué cree que la Universidad se ha puesto de lado de López Valdés?

No lo sé. Ésa es la gran pregunta: ¿por qué la Universidad se empecina en no facilitar el actuar contra las muy reprobables acciones de un alto cargo político y su marido? Yo pienso que quien se ha comprometido realmente es el director del I3A, un director que llegó accidentalmente al cargo y que ha desdibujado el Instituto. Quizás pensó que alguien de arriba podría echarle una mano a enmendar su mala gestión. El rector, por cubrir las torpezas cometidas por ese cargo, quizá se ha visto comprometido también.

¿En qué situación está usted ahora?

En mi despacho, soy profesor titular y soy funcionario. Sigo con mis pequeñas investigaciones y trabajo en la preparación de algunos nuevos grandes proyectos, pero con mucha inseguridad. Creo que mi caso es único en la historia de la Universidad: que a un investigador le quiten la gestión de todos sus equipos. Ha sido un mazazo grande en mi vida. Mi prioridad ya no es investigar, es que estas acciones arbitrarias, encaminadas a proteger la esfera familiar de un alto cargo político, no se repitan.

¿Le preocupa que ésta sea la forma habitual de comportarse de María Seguí?

Sé que esta es la forma habitual de comportarse María Seguí. Alguien me avisó ya hace unos años: “Tendrás buena relación con ella mientras no te considere un peligro para sus intereses; si eso ocurre, le dará igual que arda España entera con tal de salirse con la suya”. Me he acordado muchas veces de esas palabras a las que, en su momento, no presté mucha atención. Si me preguntas qué he aprendido de todo esto, te diré que el precio de hacer lo que te parece correcto puede ser muy alto. Llego a entender que otras personas vean cosas parecidas en sus puestos de trabajo y se callen. Yo pensaba que la Universidad me apoyaría, por supuesto, ¿cómo no? Es muy duro. Sientes que están pisoteando tanto tu dignidad… te sientes muy humillado. Pero también ocurre una cosa: que cuando te quitan todo, ya no tienes nada que perder. Te hacen libre. (Información)

www.eldiario.es


NOTA ASEXTRA: Por el bien de la imagen de la DGT, si no es verdad esta información, la directora general debe poner los hechos que aparecen en el periódico en conocimiento del Juzgado, pero si es verdad, María Seguí  no debe permanecer ni un minuto más al frente de este organismo.

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