La Defensora del Pueblo urge a devolver la extra a los funcionarios

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha urgido hoy a todas las administraciones públicas a esforzarse para que abonen la parte proporcional de la paga extra suspendida en 2012, y eviten así “desigualdades” entre los trabajadores de las diferentes administraciones o entidades estatales.

Becerril, que ha presentado hoy en el Congreso el informe anual de 2015 del organismo que preside, señala que “si todo el personal del sector público se vio afectado por la suspensión de la paga, de igual modo, a todo ese personal se le debe reintegrar lo que le corresponda”.

En este sentido, añade que las administraciones públicas deben realizar “los esfuerzos necesarios” para evitar “desigualdades de tratamiento” en esta materia retributiva, con independencia de la administración o entidad pública en la que trabajen los empleados públicos.

De momento, tras el anuncio de Hacienda de que devolvería la totalidad de esta paga retirada de forma completa a lo largo de este año a los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas han ido fijando distintos calendarios de devolución, en el mejor de los casos. Mientras que los ayuntamientos y diputación también han actuado de formas muy desiguales, haciendo o anunciando la devolución en unos casos y en otros no.

Otros incumplimientos

El informe anual también alerta de que se ha incumplido el Estatuto Básico del Empleado Público en cuanto a la ejecución de las ofertas de empleo público en el plazo improrrogable de tres años y recuerda que aún están pendientes las correspondientes a 2009 y 2010.

Afirma que el número de quejas planteadas por falta de transparencia y dificultades para acceder a la información de convocatorias “sigue siendo amplio”.

La Defensora del Pueblo recomienda a las administraciones adoptar medidas para que las ofertas de empleo público se realicen en los plazos legalmente previstos.

Por otra parte, sobre el permiso de paternidad en el sector público, ampliado de quince días a cuatro semanas en 2009, el Defensor del Pueblo pide su aplicación efectiva, ya que desde la aprobación de la ley ésta “nunca ha entrado en vigor” y todos los años ha sido pospuesta. (Información)

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