Cádiz:Muere atropellado por su propio coche al no echar el freno de mano

Un hombre de 55 años ha muerto en Cádiz atropellado por su propio coche, del que había salido para cerrar la puerta del garaje de su casa. Según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en un comunicado, el suceso ha tenido lugar en un garaje de la calle Pintor Ruiz Luna a las 7:30 horas de la mañana, cuando el hombre salía en coche de su domicilio para acudir a su puesto de trabajo.

La principal hipótesis apunta a que el hombre abandonó un momento su vehículo tras salir del garaje para cerrar la puerta del mismo y en ese momento el coche se deslizó por la pendiente y lo atropelló. Según la fuente, al lugar se ha desplazado una dotación del 061 y agentes de la Policía Local.

El consistorio ha informado de que el Gabinete de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Policía Local se encuentra en ya investigando el suceso.

Fuente: Periódico Ideal

Examen de conducir: otro verano de colapso a la vista

Los examinadores amenazan con una nueva huelga ante los “graves incumplimientos” de la DGT

Si tiene previsto examinarse del carnet de conducir, hágalo cuanto antes. Esa sería la recomendación más prudente teniendo en cuenta el conflictivo verano que se anticipa ya en el sector. Si los meses estivales suelen ser los que presentan un mayor atasco de alumnos por la falta de examinadores, este año podría acentuarse aún más si este colectivo hace realidad sus últimos avisos.

En concreto, la patronal Asextra amenaza con retomar los paros que protagonizaron a finales del año pasado ante los “graves incumplimientos de los acuerdos firmados” en el anterior conflicto con la Dirección General de Tráfico. En la última reunión de examinadores, el pasado 20 de febrero en Madrid, ya se palpó un ambiente de crispación ante la dejadez de la institución dirigida por María Seguí.

Una situación que los trabajadores tachan de “intolerable”. De ahí que desde Asextra ya hayan planteado un margen de tiempo para retomar las movilizaciones. Entre las múltiples mejoras laborales que se reclamaron este otoño se incluía una subida salarial, que debe ser aprobada por la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), dependiente del Ministerio de Hacienda.

Dado que, según se acordó, debía ser la DGT la encargada de presionar a este organismo, desde Asextra “se espera alguna noticia este mes de marzo”. De no ser así, darán “los pasos oportunos, de acuerdo con sus asociados, para plantear un conflicto colectivo los meses de verano”.

La última protesta terminó el pasado 29 de octubre con un acuerdo de mínimos entre las partes y tras seis semanas de paros parciales que agudizaron el embotellamiento en las listas de espera para examinarse. Entre las reivindicaciones figuraron no solo las mejoras salariales, también se reclamaron mecanismos para evitar las agresiones, una reestructuración del colectivo y refuerzos de plantilla en las Jefaturas más necesitadas.

Zaragoza ha sido en los últimos años una de las provincias más afectadas por la escasez de personal, al no reponer las jubilaciones y las bajas laborales. Durante los paros, el seguimiento en la provincia alcanzó el 80%y se llegaron a perder más de 60 pruebas al día.

También en Francia

No es un hecho aislado en España. En otros países de Europa los examinadores están reclamando mejoras similares, con la posible privatización del servicio como telón de fondo. El último país en alzar la voz ha sido Francia.

Los sindicatos de examinadores SNICA-FO y PTAS- CGT han presentado un preaviso de huelga para este martes 15 de marzo en todo el territorio nacional francés. Entre sus reivindicaciones, una mejor organización del trabajo, más puestos de promoción interna, una remuneración justa y su rechazo a la privatización.

Fuente: Heraldo de Aragón

Málaga: Otro alumno suspenso insulta e intenta agredir a una examinadora de tráfico

Nuevo incidente en un examen práctico de conducir, en el que, como en el caso anterior, ocurrido hace dos meses, tuvo que intervenir la Policía. Los hechos se produjeron el jueves en la calle de la Bohème, una de las zonas de examen, después de que un aspirante del permiso de la clase A2, desobedeciera, según explicó la funcionaria, una señal de Stop, lo que dio lugar al suspenso. "Estábamos próximos a la salida y el alumno se mostró reacio a bajarse de la moto. Mostraba indicios de no haber visto la señal porque hablaba de un ceda el paso. Tuvo malas formas", relató la trabajadora. 

Una vez que la mujer salió del vehículo para regresar al punto inicial, el individuo comenzó a "increparla". "Pensé que iba a ser un peligro que volviera en el coche y le pedí que se dirigiera a pie", aseguró. Pero 25 minutos después, cuando la examinadora había terminado la siguiente prueba, el hombre fue en su busca. "Llegó hasta la parte del coche en la que yo estaba sentada, impidiendo que abriera la puerta con una actitud amenazante. Al bajarme, empezó a increparme. Gritaba con las manos levantadas que por un Stop no había derecho a suspender, que un examen vale mucho dinero", detalló la funcionaria. 

Tras pedirle que se calmara, decidió llamar a la Policía, que cuando llegó el alumno ya se había marchado. "Me dijo que era una sinvergüenza. El profesor intentó apartarlo de mi. Siguió gritando. Yo tenía un ataque de ansiedad y no podía seguir con el resto de pruebas. Estaba temblando", defendió la mujer, que lamenta que el docente "no se hiciera cargo de la situación" y llegara a "llamar a la Jefatura para que le obligara a continuar" ya que "no le habían pegado". Desde este organismo, destacó, la apoyaron. 

La funcionaria, quien considera que estos incidentes provocan "miedo e inseguridad", subrayó la importancia de contar con un entorno "acotado y seguro" y "condiciones mínimas" para los trabajadores y los aspirantes. A mediados de enero, otro examinador denunció en Marbella que la familia de una alumna que había suspendido le acorraló desde fuera del vehículo y lo amenazaron. Trataron, según su testimonio, de golpearle, pero pudo evitar el impacto. La joven había incumplido la señal de ceda el paso al franquear una glorieta.

Fuente: Málaga Hoy

La DGT de María Seguí licita nuevos radares para frenar la caída de su recaudación pero se gasta, al mismo tiempo, 2,7 millones de euros en calzado, pantalones y gorras

María Seguí es la actual directora de la Dirección General de Tráfico, un cargo que ocupa desde 2012 cuando sustituyó a Pere Navarro Olivella.Cuando la nueva directora asumió su rol, muchas fueron las voces críticas que apuntaban a un afán recaudatorio del organismo público español responsable de la ejecución de la política vial. Las licitaciones comenzaron a correr como la pólvora por los despachos de la DGT:cinemómetros, radares fijos, radares móviles, helicópteros Pegasus… Un sinfín de elementos dispuestos a saquear los bolsillos de los españoles en el momento más acuciante que ha vivido la economía de nuestro país. Como la fotografía de Kevin Carter que inmortalizó a aquel buitre famélico dispuesto a devorar a un escuálido niño sudanés, así opera la DGT. Quiere conseguir más cuanto menos tenemos. Pero el afán crematístico del ente dependiente del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, ha salido por la culata. En España llevamos más de un lustro viviendo una caída significativa de la recaudación por multas de tráfico que se cifra en un 13% desde 2011. Lo que resulta sorprendente es que, pese a estos números, el presupuesto de la Dirección para 2016 sobrepase los 893,26 millones de euros, lo que supone un aumento de un 2,7 % respecto a 2015. Por ello la DGT no ha dudado en mostrar a la ciudadanía el músculo de su poderío económico.

¿Y cómo lo ha hecho? Licitando y vistiendo de gala a su séquito. En el mismo día, la Plataforma de Contratación del Estado luce en su web nada más y nada menos que tres contratos para ataviar a los Agentes de la Dirección General de Tráfico. Tres acuerdos que rondan los 2,7 millones de euros.

Mucho dinero para uniformes pero nada para subidas salariales

El primero de ellos, y el más cuantioso, está destinado a la “adquisición de gorra de servicio, pantalón técnico de servicio y traje de motorista para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil”. Dividido en tres lotes, el presupuesto base de licitación alcanzaba los 1.615.350 euros. Dos de los lotes, los referidos a los pantalones de servicio y a las gorras de servicio han sido adjudicados a la misma empresa, Sagres S.L. y ambos por haber sido “la oferta más ventajosa”, con un importe de 1.234.200 euros y 272.250 euros, respectivamente. Sagres S.L. es una empresa pontevedresa que se define como “líder en el sector del suministro integral de vestuario especializado de alto rendimiento”. El tercer lote, relativo a los trajes de motorista, ha beneficiado a la Fábrica Española de Confecciones S.A. -especializada en productos textiles y procesos tecnológicos- que se ha llevado un total de 108.900 euros.

Por si esto fuera poco, el segundo anuncio de licitación engloba la“adquisición de botas de montaña y zapato técnico para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil”. Los 865.150 euros de presupuesto se reparten, por un lado, para las botas de montaña (363.000 euros) y para los zapatos técnicos (502.150 euros). Los contratos han sido asignados a Fal Calzados de Seguridad, S.A. yCalzados Robusta S.L., y a Iturri S.A. un grupo sevillano presente en nueve países.

Para rematar la faena, el anuncio para la “adquisición de botas de motorista y pantalón recto de verano para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil” tendrá un presupuesto de 145.200 euros para los pantalones rectos de verano (72.600 euros) y para las botas de motorista (otros 72.600 euros). Otras dos empresas se han visto favorecidas por el criterio de la Dirección General de Tráfico. Se trata deFormwear, centrada en el sector textil y de confección y Viucasar, una empresa de “70 años de experiencia en el sector del calzado”.

De una tacada, la Dirección General de Tráfico ha reverdecido sus lazos con seis empresas diferentes a través de tres contratos que suman 2,7 millones de euros. Un precio demasiado elevado teniendo en cuenta el concepto que se obtiene por tal dispendio, que no es más que calzado, pantalones y gorras. Quizá las influencias que el Estado pueda tener en ciertas empresas son prioritarias a las competencias viales de la DGT.

En medio de la vorágine del gasto, más gasto

Ante tal ejercicio dilapidador en materia de atuendo, la DGT ni siquiera ha retraído su gasto en otros ámbitos, como el comunicativo. Coincidiendo en tiempo y espacio, el organismo público ha decidido también adjudicar su “servicio para la gestión de la atención telefónica a través de los canales de atención al ciudadano de línea DGT”. Una friolera de 3 millones de euros que irán a parar a las arcas de Servitelco, un Contact Center Multicanal español que opera en la modalidad de Centro Especial de Empleo.

La pregunta sobre el aumento del presupuesto de la DGT sigue en el alambre, sobre todo tras saber que los españoles deben 20 millones de euros a Tráfico en conceptos de multas pendientes de pago, un importe que supone el quíntuple de lo que se ha recaudado en sanciones de infracciones durante todo 2015. Para taponar esta sangría, la DGTprepara un nuevo paquete de elementos punitivos: cámaras que captarán 50 imágenes por segundo dispuestas en 70 ubicaciones de las carreteras secundarias para vigilar el uso del cinturón de seguridad y la utilización del móvil por los conductores.

Fuente: Extraconfidencial

Investigan a cuatro empresas de transporte que achacaban multas a siete extrabajadores búlgaros

Cuatro personas, todas ellas pertenecientes a la misma familia, han sido investigadas por la Guardia Civil acusadas de la comisión de varios delitos de falsedad documental al atribuir a siete extrabajadores de sus empresas las infracciones registradas a través de dispositivos automáticos (radares de carretera y en la ciudad de Palencia) en los que no se procedía con posterioridad a la identificación del conductor del turismo denunciado, según ha informado la Guardia Civil de Palencia. Han sido agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Palencia, a través del G.I.A.T. (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico), los que en el mes de enero de 2015, iniciaron una investigación relacionada con la identificación de responsables de infracciones, en las cuales no había parada posterior del vehículo, para la identificación del conductor, señalaron las fuentes.

Desde enero

«Tras recabar las informaciones oportunas, se pudo deducir que en la provincia de Palencia, había determinadas empresas de transportes, que pudieran estar llevando a cabo esta práctica e incluso estar ofreciendo a otras personas datos de otras personas, para ser identificadas como responsables de infracciones al Reglamento General de Circulación, comprobándose posteriormente que cuatro empresas de transportes, gestionadas por cuatro personas de la misma familia, acumulaban un número considerable de infracciones cometidas por turismos, cuya titularidad se correspondía a estas empresas, o bien a estas personas físicas», explicaron desde la Guardia Civil de Palencia.

En ciudad y en carretera

Tras conocerse estos hechos, colaboración con el Centro de tratamiento de denuncias automatizadas de León (ESTRADA), se facilitó copia de un total 103 expedientes de infracciones detectadas a los turismos de esas empresas, sin haber procedido a la identificación del conductor en el momento de cometerse la infracción. En todos estos casos se habían identificado siempre como autores de las infracciones, es decir, como conductores de los vehículos denunciados, a un total de siete personas, todas ellas de nacionalidad búlgara. Según los investigadores, todos los identificados como conductores «en su día, habían tenido algún tipo de vinculación con las citadas empresas».

Los agentes entraron también en contacto con el Ayuntamiento de Palencia y allí descubrieron que las empresas propietarias de estos vehículos habían ofrecido idéntica información en un total de 16 infracciones con las mismas características que las anteriores.

124 sin retirar de permisos de conducción

El importe de dichos expedientes administrativos, alcanzó la cantidad de 21.830 euros, «causando un importante perjuicio económico a la Administración, así como la propuesta de retirada de un total de 124 puntos del Permiso de Conducción por las infracciones detectadas», han precisado desde las fuentes de la investigación.

«Bajo la supervisión y coordinación con el Juzgado de Instrucción número Cincode Palencia, se ha procedido a la investigación de cuatropersonas, familiares entre sí, las cuales figuraban como responsables de otras tantas empresas, como presuntos autores de un delito de falsedad documental», matizan desde la Guardia Civil, que añade cómo «se ha podido determinar, que siete personas, de nacionalidad búlgara, han resultado perjudicadas, a las que se señalaban como responsables de las infracciones, sin que ellos fueran los autores de las mismas».

Fuente: El Norte de Castilla

Málaga: La Guardia Civil persigue 60 kilómetros a un conductor al que cazaron usando el móvil

El acusado, condenado a 15 meses de prisión, llegó a alcanzar los 205 por hora en la A-45, según el velocímetro de los agentes

Le pillaron utilizando el móvil mientras conducía. Ese fue el detonante que dio lugar a una larga y espectacular persecución en la que el velocímetro del vehículo de los agentes de la Guardia Civil que intentaban dar caza al infractor llegó a marcar una velocidad de 205 kilómetros por hora. Giros bruscos o cambios de sentido poniendo en riesgo la circulación son otros de los elementos de esta actuación policial sobre la que se acaba de emitir una sentencia firme condenando al conductor.

Se trata de un hombre de 30 años y vecino de Casabermeja. La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, relata que los hechos tuvieron lugar sobre las 22.00 horas del pasado 12 de julio, cuando el procesado iba conduciendo su BMW, modelo M3, por la carretera A-45 en sentido Córdoba.

Los agentes decidieron darle el alto a la altura del kilómetro 122 de esta vía, ya que estaba haciendo uso del teléfono móvil. Sin embargo, en lugar de obedecer, el acusado hizo caso omiso de las indicaciones y emprendió una huida a gran velocidad.

El procesado hizo un cambio de sentido hacia Málaga, conduciendo realizando adelantamientos tanto por la derecha como por el arcén obligando con ello a tener que hacer maniobras peligrosas a los usuarios que circulaban para evitar un accidente. Fue unos kilómetros más adelante cuando un vehículo de la Guardia Civil que participaba en el dispositivo logró ponerse en paralelo al del acusado y, tras hacerle diversas señales para que se detuviera, lejos de obedecer, el acusado dio un volantazo.

De hecho en su huida, incluso provocó que, tras hacer un giro brusco par abandonar la autovía, otro coche que circulaba por allí tuviera que salirse hacia el arcén, dando un fuerte frenazo para evitar una colisión. Fue solo una más de las maniobras que el procesado llevó a cabo durante su huida, que se prolongó durante 60 kilómetros, hasta que los agentes decidieron desistir tras alcanzar una velocidad de 205 kilómetros por hora -según el velocímetro del vehículo policial-, estando limitada ésta a 120.

Son unos hechos por los que el Juzgado de lo Penal número 11 le condenó a 15 meses de prisión y a la privación del derecho a conducir durante tres años, al considerarle autor de un delito de conducción temeraria en concurso de normas con un delito contra la seguridad del tráfico. No de acuerdo con esta resolución, el procesado decidió recurrir ante la Audiencia Provincial.

Entre otros motivos, se alegaba que en el juicio no se había acreditado que estuviese hablando por el teléfono móvil, ni otros aspectos como que condujese con temeridad poniendo en peligro la integridad de otros usuarios de la vía o que circulase a más de 200 kilómetros por hora. De hecho, durante la vista oral, el procesado dijo que solo vio luces de un coche patrulla a lo lejos, aunque no pensó que fueran dirigidas a él, negando que los guardias civiles se pusieran a su altura en ningún momento.

Pese a estos argumentos, la Sala da más credibilidad a la versión de los agentes, ya que no hay ninguna razón para pensar que falten a la verdad para perjudicar al acusado, al que no conocían con anterioridad de los hechos, «siendo inverosímil» que en tales circunstancias dos funcionarios que se dedican a velar por la seguridad vial se hayan puesto de acuerdo para inventar estos hechos.

Los magistrados también destacan el «impresionante historial» de sanciones administrativas cometidas por el acusado entre marzo de 2008 y junio de 2015. En total se le impusieron 23 y se le retiraron hasta 61 puntos del carné de conducir, lo que le llevó incluso a perder este permiso.

Sobre la pena, la Audiencia Provincial insiste en que es proporcional a la conducta del acusado, teniendo en cuenta el «gran peligro» que generó para un número «indeterminado pero elevado» de usuarios de la vía pública durante unos 60 kilómetros en los que desobedeció de manera «constante e inadmisible» las órdenes que les dirigían los agentes de la autoridad. Además, a esto hay que unir el ya citado «extraordinariamente amplio historial de infracciones administrativas», por lo que los jueces aseguran que se trata de un ciudadano que demuestra «absoluto desprecio por las normas de circulación y al que le resultan irrelevantes los daños que su conducta» pudiera provocar.

En cuanto al recurso, lo que sí estima la Sala es lo relativo al delito. Por ello, se le absuelve del recogido en el artículo 379.1, en el que se castiga a aquellos conductores que superen en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, ya que se indica que la medición que hicieron los agentes de los 205 kilómetros por hora «no es muy exacta», por lo que al ser una zona limítrofe -ya que la máxima permitida era de 120-, se debe aplicar lo más beneficioso para el reo.

Pese a admitir este punto del recurso, la Audiencia Provincial mantiene la pena que se impuso al procesado, siempre según se recoge en esta sentencia, que ya es firme.

Fuente: Diario Sur

Hacienda baraja devolver parte de la extra a los funcionarios en abril

El Gobierno se comprometió el pasado verano con los representantes de los trabajadores del sector público a culminar a lo largo de este año la devolución de lo que resta de la paga extra eliminada en 2012 (porcentaje que asciende al 49,7%), a restituir los días libres suprimidos y a aumentar del 50% al 100% la tasa de reposición de las bajas que se produjeran en los denominados sectores prioritarios en la próxima oferta de empleo público (OEP). De aquel acuerdo, a día de hoy, solo se ha cumplido la devolución de los días libres, tal y como recuerdan fuentes de CC OO.

Sin embargo, desde Hacienda aseguran que la oferta de empleo público se va a aprobar “de manera inminente”, puesto que así está presupuestado en las cuentas de este año. En cuanto a la devolución de la extra, Hacienda solo admite que se abonará en cuanto sea posible y que se trata de una decisión política. Ni siquiera especifica si el pago se realizará en una o dos veces, algo que ya creó confusión con los sindicatos cuando éstos anunciaron que el desembolso se produciría en enero y Hacienda tuvo que matizarlo después.

Tal y como ha podido saber CincoDías, en algunos departamentos de la Administración General del Estado se han iniciado los trámites por parte de los habilitados (funcionarios encargados de elaborar las nóminas) para poder efectuar el pago en abril. Las mismas fuentes apuntan que desde elDepartamento de Cristóbal Montoro no se quiere dar munición a la oposición para que ésta pueda acusar al Ejecutivo de hacer campaña electoral con un tema tan sensible como son las retribuciones de los funcionarios, ya que más de 212.000 empleados tienen derecho a cobrar este plus. Si se abona todo lo que resta de una vez, a una media de 750-800 euros por trabajador, la factura para el erario público será de unos 159 millones de euros.

En cuanto a la oferta de empleo público, Hacienda descarta facilitar una cifra antes de reunirse con los sindicatos y éstos admiten las dificultades de apostar por una cantidad concreta. “Lo lógico es que el volumen final se sitúe muy por encima de la oferta de 2015, que ascendió a 11.250 plazas”, dicen en CC OO. Por su parte, CSIF denuncia que la falta de Gobierno ha generado hasta ahora un déficit de 40.000 empleos públicos.

Fuente: Cinco Días