Crecen los recelos sobre la legalidad de las cámaras que indagan en el interior del coche

El debate en torno a la legalidad de las cámaras que detectan el uso del cinturón o de móviles al volante crece a la par que el despliegue de estos dispositivos. León es ya una de la provincias del norte de España con más puntos de este tipo de vigilancia que ha dispuesto la DGT, contestados desde diferentes colectivos, al entender que su disposición no se atiende a la normativa legal.

Parece superado ya el litigio original sobre el carácter constitucional de las cámaras que captan imágenes en el interior de los vehículos, que llegó a plantearse por la condición de inviolabilidad y privacidad del habitáculo si se tuviera en cuenta el carácter de propiedad privada, que asiste, por ejemplo, al domicilio.

Pero ya hay juristas que han advertido de ciertas dudas sobre la legalidad del valor probatorio como elemento para aplicar una sanción, tal y como se define en otros sistemas de control de tráfico; aunque el mayor origen de polémica en torno a este proceso de filtro de imágenes logradas a través de esas cámaras detallistas que se avanzan dentro de los coches es que, según esta teoría que defienden los juristas, en esa captación no se puede mostrar el rostro de conductor ni ocupantes del vehículo.

En León se han desplegado seis mecanismos de este tipo en diferentes carreteras, autopistas y autovías de alta capacidad de las que surcan la provincia. Los condicionantes que sostienen esta teoría que cuestiona la legalidad del sistema para hacerlo efectivo, y para probar unos hechos que justifiquen una sanción, hacen prever un aluvión de litigios contra los procedimientos sancionadores que se apliquen a través de esta red de vigilancia de alta precisión. Las cámaras que indagan sobre el uso del cinturón o aparatos móviles enfocan directamente al interior de los vehículos, con el fin de captar infracciones contra el código de circulación y la seguridad vial. Y carecen de señalización previa, por lo que el conductor se somete al control sin previo aviso o conocimiento de posición.

Ahí comienza otro de los escollos que las asociaciones de automovilistas oponen para determinar que la ubicación de las cámaras no está ajustada a la normativa. Automovilistas Europeos Asociados destaca como mayor controversia en la red de vigilancia de precisión que la DGT no alerta sobre su ubicación; contra la ley, que exige que se anuncie de alguna forma la presencia de estos dispositivos fijos, u otros, que sirven para controlar el proceso de circulación; la norma indica que se debe anunciar mediante paneles informativos al menos cuatrocientos metros antes del punto de control. Las asociaciones de automovilistas que están en contra de esta modalidad de despliegue cuestionan el proceso de transparencia que se da por supuesto en torno a los controles de tráfico. Sólo por anunciarse ya es un proceso preventivo.

Fuente: Diario de León