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viernes, 11 de agosto de 2017

Huelga de examinadores, formación, seguridad vial y DGT

Más de 11 millones de euros se gasta la DGT en publicidad anualmente y nos choca que no se invierta la misma cantidad o más en formación o en mejorar las condiciones laborales de su personal examinador que es el responsable de autorizar a nuevos conductores a circular por las vías públicas. ¿Qué clase de seguridad vial es la que propugna nuestra DGT?

Esta dejación de funciones en formación y seguridad vial por parte de la actual cúpula de la DGT entendemos que es muy irresponsable y sin duda ocasionará una subida importante de víctimas en los próximos meses que será muy difícil de justificar y atajar. Desde que empezó el conflicto con los examinadores, durante el cual los responsables de Tráfico no han hecho nada, pero nada es nada por un acercamiento, se ha producido en la ciudadanía un fenómeno que está afectando muy gravemente a la formación y seguridad vial. 

Como el modelo de formación en este país se basa en la fecha de examen, al no saberse ésta con seguridad por el conflicto, los alumnos no dan clases y sólo cuando las oficinas de Tráfico que son las encargadas de las citaciones organizan los grupos y ofrecen una fecha, es cuando el aspirante, a lo sumo, da una clase antes de la prueba lo que está disparando los suspensos en aquellas provincias en las que se está examinando en agosto, por decisión del jefe provincial de turno. Y los que aprueban porque en agosto se produce un entorno urbano más vacío, con menos tráfico en las ciudades, sin colegios, menos ciudadanos por las calles, ... sus condiciones distan mucho de ser las ideales para un conductor seguro.

Este grave ataque a la formación y a la seguridad vial no está siendo valorado por los actuales responsables de la DGT que como única solución a un conflicto que se viene arrastrando desde hace años, esperan sentados, cuando no tumbados en una hamaca, el desgaste de los trabajadores que legítimamente están luchando por la mejora de su puesto de trabajo como así reconoce la Constitución.

El problema gravísimo que previsiblemente va a suponer para la seguridad vial en los próximos meses esta actitud será inasumible en coste humano y será responsabilidad únicamente de aquellos que están gestionando el organismo sin atender las principales motivaciones que les debe guiar, que es salvar vidas humanas.

Está claro que a los dirigentes de Tráfico no les importan sus trabajadores o en otro caso ya se hubieran reunido incansablemente con ellos para llegar a un acuerdo, como lo intenta la Administración con los trabajadores del aeropuerto de Barcelona. Tampoco les importan las empresas de autoescuelas a las que se intoxica desde los propios despachos de la DGT con cifras que no son reales ni se ajustan a lo que está sucediendo, hablando mal inclusive de sus propios trabajadores, cuando no insultándoles directamente en un auténtico acto de desvergüenza e irresponsabilidad. 

Cierto es que un grupo empresarial aunque no está de acuerdo con las tesis de Tráfico, espera que su silencio sea "valorado" por la Administración y les premie con alguna de las concesiones que este organismo administra sin atender, en la mayoría de casos, a criterios de seguridad vial. Para ser justos, hay otro grupo de empresarios y responsables de estas empresas de formación que no creen en lo que se le dice en los despachos,  más al contrario, consideran que la DGT está gestionando pésimamente este conflicto y así lo denuncian cuando tienen oportunidad. 

Finalmente hay otros profesionales del sector que regentan pequeñas empresas, quizás los menos informados de lo que está ocurriendo, que están cargando contra los examinadores en huelga, con auténtica falta de respeto, cuando no, tergiversando la realidad, llegando a pedir la privatización, sin darse cuenta que eso les dejaría fuera definitivamente de la profesión. No olvidemos además que existe riesgo de privatización, pero también podrían hablar de un mundo sin autoescuelas si se adoptara el modelo anglosajón. Todo es posible.

La realidad es que la DGT se comprometió con el colectivo examinador en 2015 en una serie de puntos que no se han cumplido y al exigir que se materialicen, el equipo directivo actual ha entrado como elefante en una cacharrería, sin importarle las trágicas consecuencias que su actitud puede acarrear. ¿ Pagarán los responsables de esta tropelía?

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