Desde el departamento jurídico de Pyramid Consulting aclaran que la compra ilícita de un radar, no afecta a un procedimiento administrativo y, por tanto, la multa puede ser válida; pero siempre tenemos derecho a reclamar.
La llamada «trama de los semáforos», que operaba en más de
40 municipios españoles, ha dejado al descubierto una serie de actividades
irregulares como entramado la compra de programas informáticos y elementos
irrelevantes para la seguridad vial, así como para la gestión de multas.
Incluso, se llegaron a falsear datos de índices de velocidad y siniestralidad
para justificar la instalación de radares y semáforos en puntos donde eran
innecesarios y con un afán únicamente recaudatorio.
En la «operación Enredadera» se investigan los delitos de
cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a
funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales
públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y
pertenencia a organización criminal.
Fuente: abc.es
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