El examinador de la DGT, un funcionario muy rentable para el Estado

La precariedad del servicio de exámenes de conducir de la DGT, por culpa de la escasez de funcionarios, está poniendo en riesgo miles de empleos en el sector de las autoescuelas y la supervivencia de centenares de pequeñas empresas. Sin embargo, el examinador es muy rentable para las arcas públicas.

Lo demuestran los cálculos hechos por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

El examen del permiso de conducir es un servicio que presta la Dirección General de Tráfico (DGT), a cambio del pago de una tasa de 90,30 euros, que da derecho a los aspirantes a dos oportunidades. Si no aprovechan ninguna de las dos, han de abonar de nuevo la misma cantidad, que les permite presentarse a otros dos exámenes. Y así sucesivamente.

Pues bien, en 2016, el número de aspirantes aprobados en primera o segunda convocatoria fue de 789.700, lo que supuso un ingreso para la DGT de 71,3 millones de euros, a los que hay sumar los 30 millones recaudados por las tasas de los 166.345 aspirantes de la tercer y cuarta convocatoria y los 13,1 millones de los que lograron el aprobado a partir del quinto examen, que fueron 48.531 alumnos.

El total de tasas pagadas en 2016 ascendió a 114,4 millones de euros, mientras que la plantilla de 756 examinadores le costó al Estado alrededor de 23 millones de euros.

 
Y en 2015 las cosas no sucedieron de modo diferente, pues la DGT recaudó por la tasa de exámenes 109,7 millones de euros (véanse las tablas).

Una situación insostenible

La Confederación Nacional de Autoescuelas difundió el martes pasado un comunicado en el que denunciaba la situación que viven las autoescuelas en buena parte de España como consecuencia del déficit de examinadores.

Los significativos retrasos en las convocatorias de exámenes y los cambios de fecha inesperados para la celebración de las pruebas de circulación, están paralizando la enseñanza práctica en la autoescuela. Los alumnos dejan de acudir a clase y vuelven poco antes del examen, con lo que olvidan parte de lo aprendido.

Corre peligro el empleo de miles de profesores de Formación Vial (son 17.975 en toda España), porque las empresas no pueden afrontar la ausencia de actividad y de facturación.

CNAE teme que se produzca este próximo verano un colapso del sistema, extremo que ocurrirá si no se cubre el déficit de examinadores. Haría falta añadir entre 200 y 300 más a la plantilla de la DGT que asciende según las cifras oficiales a 756 funcionarios, aunque el número operativo es muy inferior, y se estima que ronda los 600 examinadores.

Fuente: CNAE