¿Qué tendremos que pagar si prospera la privatización del Registro Civil?

El Gobierno pretende privatizar el Registro Civil y obligar a los ciudadanos a pagar por servicios obligatorios (inscripción y certificado de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, nacionalidad, tutela, actos de última voluntad…) que hasta el momento eran gratuitos.

El anteproyecto de la Ley de la reforma integral de los Registros civiles, que está a punto de aprobar el Consejo de Ministros, contiene modificaciones radicales para la tramitación de todos los actos, hechos y circunstancias que guardan relación con la identidad de las personas.

La entrada en vigor de esta ley supone que los ciudadanos deberemos pagar por todas las inscripciones y certificaciones que hasta el momento eran gratuitas, porque eran prestadas por funcionarios públicos sin ánimo de lucro (Jueces, Secretarios y Funcionarios Judiciales), mientras lo que pretende el Ministerio de Justicia es entregar todas esas actuaciones a los registradores de la propiedad y mercantiles que cobrarán por esos mismos servicios.) /.../

El personal funcionario que preste servicios en los registros civiles únicos o en Juzgados con competencias en materia de registro civil perderá su plaza y serán reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos judiciales. No se garantiza ni siquiera que mantendrán como mínimo las retribuciones de origen y tampoco que no serán reordenados mediante procedimientos de movilidad geográfica forzosa (Leer más)

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