Murcia: Prisión al jefe de Fomento acusado de un presunto fraude con tarjetas CAP

El jefe de sección de la Consejería de Fomento e Infraestructuras detenido el miércoles por su presunta vinculación en un fraude con tarjetas de transporte, Juan Pedro M. G., ingresó ayer noche en prisión incondicional por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que ayer se encontraba en funciones de guardia.

El Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región confirmó la orden de prisión contra el principal sospechoso de la supuesta trama delictiva, a la vez que señaló que otro de los arrestados, el propietario de una empresa de transportes de Molina de Segura, quedó en libertad sin fianza. Sin embargo, el juez le impuso la obligación de comparecer periódicamente en las dependencias judiciales, le retiró el pasaporte y le prohibió la salida del país.

Fuentes próximas al caso indicaron que, tanto uno como otro detenido, eludieron responder a las preguntas de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que impulsan la investigación, acogiéndose a su derecho a no declarar. El argumento esgrimido en ambos casos es que las diligencias se encuentran declaradas secretas, por lo que no conocen los hechos concretos que se les atribuyen y, en consecuencia, no pueden defenderse adecuadamente.

La Consejería admite que algunos de los títulos podrían ser anulados, si se demuestra que son ilícitos

Ayer tarde, en sus comparecencias ante los jueces de guardia de Murcia y Molina de Segura, estos dos sospechosos también renunciaron a someterse a un interrogatorio, aunque las fuentes señaladas apuntaron a que habría efectuado una especie de declaración genérica en la que negaron cualquier implicación con una trama de falsificación de Certificados de Aptitud Profesional (CAP) para transportistas.

Aunque nada trascendió anoche acerca de la suerte corrida por los otros cuatro detenidos -tres hombres y una mujer-, fuentes no oficiales indicaban que, muy probablemente, iban a ser puestos en libertad con cargos.

Las investigaciones policiales, que se han desarrollado a lo largo de dos años, habrían permitido confirmar la aparente existencia de una red que se estaría dedicando a falsificar documentos CAP, lo que evitaría a los transportistas tener que someterse a los cursos de 130 horas teóricas y 10 horas prácticas necesarios para obtener esa acreditación.

Los primeros datos apuntan a que podrían haber sido vendidos ilícitamente más de un millar de esos documentos, con el riesgo que implica que conductores de autobuses y camiones, incluso de gran tonelaje, circulen por las carreteras sin haber acreditado la formación necesaria.

El volumen del supuesto perjuicio causado a la Administración regional ascendería a más de medio millón de euros, mientras que alcanzaría los 150.000 euros en cuotas no abonadas a la Seguridad Social, según indicaron fuentes próximas a la investigación.

Las diligencias están siendo coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, que ha declarado formalmente el secreto de las actuaciones. Esta circunstancia ha impedido que trasciendan más datos acerca del funcionamiento de la supuesta trama.

«No hay trama alguna»

El consejero de Fomento, Pedro Rivera, afirmó ayer que «se ha iniciado ya una investigación interna para conocer exactamente el alcance real de los hechos investigados» y señaló que, cuando llegue el momento, «se depurarán las eventuales responsabilidades». Entre las posibles medidas a adoptar, se baraja «la anulación de algunos de los títulos que se hayan dado» de manera irregular.

Igualmente, Rivera anunció que la Consejería «se personará en las diligencias judiciales y se van a analizar los distintos procedimientos para la tramitación de los títulos, con el fin de garantizar que no pueda existir ningún tipo de problema».

A la vez, afirmó que «aquí no existe ninguna trama y, desde luego, no se puede poner en tela de juicio la actuación de todo el equipo de la Dirección General de Transportes, la Consejería de Fomento ni de la Administración regional y, por supuesto, del resto de los funcionarios, por el hecho de que alguna persona concreta pudiera haber cometido alguna irregularidad».

Fuente: La Verdad