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lunes, 1 de agosto de 2016

Los silencios de la DGT

Asociaciones, empresas y particulares del sector de la seguridad vial llevan años denunciando la falta de respuesta de la DGT a sus quejas. Durante el mandato de María Seguí, Tráfico se saltó hasta en once ocasiones lo dictado por la Constitución en lo referente al derecho de petición. También hizo caso omiso a licitadores del concurso del carné por puntos que ya hablaban de irregularidades antes de estallar el escándalo del presunto amaño a favor de la Confederación Nacional de Autoescuelas.

A Juan Carlos Toribio lo conocen bien en la Dirección General de Tráfico (DGT). Fue agente de la Guardia Civil antes de verse, según él,“prejubilado a la fuerza por cumplir la ley”.Desde entonces, y como responsable la Unión Internacional para la Defensa del Motociclista (IMU), se ha dirigido en al menos once ocasiones a la DGT con denuncias, quejas, informes y advertencias referidas a todo tipo de ilegalidades cometidas contra la seguridad vial. Todas ellas en los últimos dos años y al amparo del derecho de petición protegido por el artículo 29 de la Constitución y regulado por la ley 4/2001, que obliga a dar respuesta al solicitante en un plazo de tres meses. “Ninguna de dichas peticiones fue contestada por parte de la DGT”, afirma Toribio. Desde Tráfico aseguran a interviú que algunos de estos requerimientos fueron atendidos y otros no, pero no detallan ni cuáles se respondieron ni cuál fue la respuesta.

“En mis escritos les informaba de hechos tan graves como el corte ilegal de carreteras y caminos, la instalación de radares que ponen en peligro la seguridad de los conductores o que se alertara del riesgo en determinadas carreteras por el uso de armas de fuego contra numerosas señales. En ningún caso actuó de oficio la DGT y apenas se dignó a contestarme”, afirma Toribio.

Al defensor del pueblo

También se dirigió el ex guardia civil el pasado 3 de mayo para requerir a Tráfico, igualmente por la vía del derecho de petición, que explicara la diferencia de 312 víctimas mortales que había entre sus estadísticas y las del INE en los años 2013 y 2014. “No me dieron respuesta alguna, a pesar de que estaban faltando temerariamente a la verdad en la información pública facilitada”, añade. Ante tal silencio, dirigió su queja al Defensor del Pueblo, que abrió actuaciones ante la DGT el pasado 25 de mayo. A día de hoy, tal como ha podido saber esta revista, siguen abiertas estas investigaciones. (Información)

Fuente: Interviú

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