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lunes, 4 de enero de 2016

La Fiscalía inspecciona los centros de reconocimiento de conductores

Prioriza la lucha contra la falsificación de psicotécnicos por su riesgo a la seguridad vial

La Fiscalía Provincial de Pontevedra intensificará, a lo largo de este año, su supervisión de los centros de reconocimiento de conductores, encargados de realizar las pruebas psicotécnicas del carné. El objetivo es conseguir garantizar que todos los documentos que se expidan en estos centros para la obtención o para la renovación de los permisos de conducir sean correctos y que no se produzcan situaciones de riesgo para los ciudadanos, ni de competencia desleal entre empresas o particulares. La lucha contra el fraude en este área es una de las prioridades de la Fiscalía, que en los últimos años ha abierto varias investigaciones sobre este asunto que han acabado en sentencias condenatorias para los infractores.

En su última memoria, donde se valora la actividad realizada durante el año que acabó y se marcan los objetivos del ejercicio que empieza, la Fiscalía precisa que «se está poniendo un indudable esfuerzo en la persecución» de las falsificaciones que se puedan producir en esta materia.

En este sentido, se recalca que la práctica ilícita tiene una doble consecuencia para los pontevedreses que la padecen. Por un lado, es un «ataque» a la seguridad vial «a la que todos tenemos derecho».

La renovación de los exámenes psicotécnicos o su emisión por primera vez son requisitos indispensables para garantizar que un conductor está en condiciones de ponerse al volante o si, por el contrario, debe tomar alguna indicación como uso de gafas o medicación, o si incluso debe desistir de hacerlo, temporal o permanentemente.

Además de las repercusiones sobre los conductores y los peatones,está también la vertiente económico empresarial, que también es importante. La Memoria de la Fiscalía Provincial recuerda que la emisión de documentación falsificada supone, asimismo, un ataque a los principios de la libre competencia.

Es decir, esta práctica ilegal causa un daño en la imagen de las empresas del sector que sí cumplen la legislación y, además, permite a los infractores beneficiarse frente a los centros de reconocimiento que realizan de forma responsable su cometido de velar por que los conductores reúnan los requisitos exigibles para dirigir un vehículo.

En la Memoria se precisa, como ejemplo, que en el 2012 el ministerio fiscal incoó diligencias de investigación penal como consecuencia de un atestado de la Guardia Civil, donde se apuntaba la posible falsificación de 112 certificados médicos necesarios para la obtención o renovación del permiso de conducir.

Estas diligencias remataron en una denuncia ante el juzgado de instrucción y en un juicio, donde el fiscal pidió una condena por un delito continuado de falsedad documental y obtuvo una sentencia favorable a sus pretensiones. La resolución judicial condenatoria fue ratificada en un fallo posterior de la Audiencia Provincial de Pontevedra el 2 de diciembre del 2014.

Otro caso famoso ocurrió en el otoño del 2007, cuando agentes de la Guardia Civil arrestaron a seis personas, entre ellas el dueño de un centro médico de la ciudad de Pontevedra, y propietarios de autoescuelas en varios lugares de la provincia. En el marco de aquella operación, se desmanteló una red a la que se le imputó la falsificación de 2.500 psicotécnicos a lo largo de un período de diez años. Fuentes de la investigación determinaron entonces que, al parecer, los documentos falsos no fueron realizados por un facultativo habilitado para este fin, sino por una psicóloga. (Información)

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