Atención, funcionario: si denuncias una agresión leve pagas tú el abogado

Las órdenes para proteger a los empleados públicos contienen letra pequeña. Para tener derecho a asistencia letrada la indemnización por el ataque no puede ser inferior a 300 euros

Las agresiones a funcionarios, que se han multiplicado en los últimos años, han tenido respuesta reciente por parte del Gobierno. Las instrucciones a los empleados públicos para que denuncien esas agresiones, repartidas en todos los ministerios, tienen letra pequeña, ya que no advierten del coste económico que supondría llevar a juicio esas denuncias.

Tal y como avanzó El Confidencial Digital la semana pasada, Hacienda está repartiendo a todos los ministerios un protocolo contra las agresiones a los funcionarios. En el documento, se contempla un registro de incidentes, timbres de alarma, pantallas de separación y simulacros periódicos para repeler situaciones de violencia.

Además, se prevén actuaciones de apoyo jurídico y psicológico por parte del Estado y la contratación de seguros de garantía de reclamación ante terceros por daños y perjuicios por malos tratos u ofensas verbales.

Pues bien, según ha podido confirmar este diario, esas actuaciones e instrucciones de asesoramiento legal a los funcionarios ya se llevan aplicando en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde el pasado mes de abril.

En esa documentación, realizada por el ministerio de Empleo, se especificaba que “se garantizarán los gastos judiciales de la redacción y la presentación de la denuncia penal, así como del ejercicio de la acción penal en el procedimiento penal”.

El abogado lo paga el funcionario

Desde la publicación de esas instrucciones, un importante número de empleados públicos ha denunciado agresiones, tanto físicas como verbales. No obstante, la mayoría no ha encontrado la asistencia legal prometida.

Según ha podido comprobar ECD, las aseguradoras están respondiendo a los funcionarios que han presentado denuncia que sus reclamaciones no pueden ser atendidas, debido a que no llegan al “mínimo litigioso” para tener ese soporte legal.

En concreto, las aseguradoras explican que si el daño recibido por el empleado público no puede provocar una indemnización de 300 euros, será el funcionario quien tenga que abonar su representación legal. Esta cláusula, denuncian los trabajadores, no había sido notificada en las instrucciones difundidas por el Gobierno.

Vea aquí una de las respuestas dadas por una de las aseguradoras a un funcionario del Servicio Público de Empelo Estatal que había denunciado un delito de daños. (Información)

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