«El problema es la gestión, y no los funcionarios»

Acumular una congelación salarial más para el colectivo de empleados públicos no hace sino «ahondar más en el error cometido desde el primer momento. En estos años se ha demostrado que el problema no son los funcionarios, ni su número ni lo que cobran. El problema de la Administración pública es la deficiencia de su gestión». El responsable del sindicato de funcionarios en León recuerda que mientras en los países del Norte de Europa hay de media un empleado público por cada seis habitantes, en España hay uno por cada 16 ciudadanos. «Eso redunda en la calidad de los servicios públicos. Pero recortar el número de trabajadores y sus salarios no es la solución. Eso está demostrado».

En opinión de Hipólito Riesco «el problema es una mala gestión, económica y de personal, que lleva a considerar empleados públicos también al personal colocado a dedo, asesores, trabajadores de empresas públicas,... Ahí no se ha reducido de igual manera ni la plantilla ni los salarios. Y por eso las cuentas sobre el coste del personal público no se ajustan a la realidad».

Una «espiral de ineficacia» que se ha acelerado en los últimos años «con la llegada masiva a los puestos de decisión de políticos, en lugar de dejar que sean los técnicos quienes se encarguen de la gestión. Eso es inadmisible, y nos ha llevado a la situación actual».

De momento los sindicatos han exigido al Gobierno que convoque de manera inmediata la Mesa de la Función Pública, para «establecer un calendario de recuperación de los derechos que se han perdido en los últimos años. Ese es el foro donde debe negociarse, no es de recibo que los sindicatos nos enteremos de lo que afecta a los trabajadores públicos por el BOE o por lo que el ministro adelanta a los medios de comunicación».

Los sindicatos no descartan movilizaciones, pero antes intentan que en los meses que faltan hasta la definitiva aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año el Gobierno acceda a mejorar algunas de las propuestas que ha realizado sobre las medidas que afectan al empleo público. Por el momento, reconocen, es un avance que el Ejecutivo haya accedido a devolver la paga extra en metálico y no en aportciones extraordinarias a los planes de pensiones, una medida problemática porque no todos los afectados cuentan con ellos. (Información)

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