Representantes de la Asociación Mutua Motera y de Stop Guardarraíles han registrado este viernes en el Congreso de los Diputados 140.000 firmas solicitando el cambio de los actuales guardarraíles por unos sistemas para la protección de motoristas, ante el incremento en el número de muertes de accidentes de tráfico de estos 'jinetes motorizados'.
"Solicitamos que se nos trate con igualdad y se cumpla el artículo 14 de la Constitución, que determina que los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley, porque a los cinco millones de motoristas españoles en las carreteras no se les protege igual que a los turismos, tal y como reconoció el anterior director de Tráfico Pere Navarro", ha señalado en declaraciones a los medios Juan Manuel Reyes, de Mutua Motera.
A su juicio, en España quien más incumple la normativa vigente es la Administración y no hay constancia de que ningún responsable público haya sido sancionado por infringir la normativa de seguridad vial.
Las patrullas de insepección de Mutua Motera, según ha precisado, solamente con cuatro personas haciendo inspecciones, han detectado más de dos mil infracciones de la administración, de las que 25 podrían ser constitutivas de delito y las Fiscalía las ha archivado.
En este sentido, ha explicado a Europa Press que el guardarraíl es "muy eficaz para el turismo pero mata al usuario de motocileta y bicileta" y, que con la recogida de firmas, a través de la plataforma 'Change.org', el colectivo reclama que donde haya barreras metálicas de seguridad debe haber un sistema de protección para motoristas "que tiene que cumplir con la normativa".
MANIFESTACIÓN ESTE SÁBADO
Por otro lado, el representante de los moteros ha recordado este sábado hay una manifestación por las calles de Madrid para denunciar que tanto el problema de los guardarraíles como el hecho antes mencionado de que la Administración no cumple la ley. La Asociación Mutua Motera ha criticado que "la ley es inflexible para los ciudadanos, pero que la Administración se la puede saltar sin consecuencias".
Por ejemplo señala que, en ocasiones, se encuentran con calles o carreteras cortadas por parte de gestores públicos, sin previo aviso, ocasionando accidentes; un acto que el Código Penal condena, según ha afirmado. (Seguir leyendo)
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