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sábado, 5 de marzo de 2016

La Fiscalía cree que los médicos deben informar sobre los conductores mayores

El fiscal de Seguridad Vial de Galicia, Carlos Gil, cree que los médicos de familia que conocen las dolencias de las personas mayores deber tener la facultad de comunicar a Tráfico si la capacidad de quienes conducen a determinadas edades se ha agravado para evitar más accidentes.

Gil detalla, en declaraciones a Efe, las gestiones que se están realizando para prevenir que más personas, en especial mayores, conduzcan con mermas en sus capacidades y causen graves riesgos para ellos mismos y los demás usuarios, entre ellas inspecciones a los a los centros que efectúan las pruebas psicotécnicas para determinar si ha habido actuaciones irregulares.

Las dos vías principales sobre las que trabaja la Fiscalía para evitar que pueda haber personas al volante sin capacidad para conducir son las que llevan a los médicos y a las familias.

"Nos gustaría que los médicos de familia, los que tienen contacto con los pacientes, conocen sus dolencias y alteraciones, tengan la facultad de comunicar a la Jefatura de Tráfico los agravamientos o dolencias nuevas. De momento hay una comisión que lo analiza" para ver su encaje en la Ley de Protección de Datos, ha desvelado.

También apuesta por una "mayor concienciación de familiares y del entorno que rodea a los conductores mayores", que de momento no actúa más que en un escaso diez por ciento de los casos.

Aclara Carlos Gil que ninguno de estos infractores es un "kamikaze", sino que todos actúan "por despistes" y con el convencimiento de que conducen de manera adecuada.

En los últimos meses ha alarmado el número de personas a las que se les ha dado el alto mientras conducían en sentido contrario por autopistas y autovías, en la mayoría de los casos mayores de 60 años que se despistan en los accesos.

La Dirección General de Tráfico propone para ellos una serie de pruebas especiales si quieren continuar con el permiso de conducir en vigor y, además, ha establecido una serie de dispositivos para prevenir este tipo de despistes que pueden tener consecuencias fatales.

Recuerda el fiscal que el año pasado fueron 237 los conductores enviados a "revisiones extraordinarias" porque se observó que sus capacidades habían disminuido, pero "más del noventa por ciento fueron obligados por la Guardia Civil o las policías locales, y el grupo más numeroso era el de mayores de 60 años", precisa.

En la inmensa mayoría de las situaciones fueron los agentes los que creyeron que estas personas "no tenían facultades para conducir, aunque habían pasado los exámenes psicotécnicos y médicos", por lo que tuvieron que acudir al Servicio Gallego de Salud y demostrar hasta qué punto están capacitados para llevar un vehículo.

Los mayores de 65 años necesitan pasar el examen psicotécnico cada cinco años, lo que podría dar lugar a que en estos periodos apareciesen mermas en sus capacidades indefectibles, pero aquí el problema es otro.

"A algunas personas se les han detectado disminuciones en sus capacidades, pero habían pasado el examen hacía un mes o dos. Estos son los que estamos investigando porque quizá podría haber habido una actuación irregular, ha añadido Gil.

La Fiscalía intenta dilucidar si los establecimientos de exámenes psicotécnicos podrían "incurrir en responsabilidades penales" cuando dan el visto bueno a los conductores sin capacidades para ello, que se quedarían en sanciones por infracciones administrativas si no realizan su labor con todo el celo que deberían.

"Son casos muy extremos los que tendrían responsabilidad penal, en los que se firman aprobados en blanco, sin pruebas o exámenes muy someros que sean una ficción de la realidad", concluye el fiscal.

Fuente: El Día

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