Abren investigación penal a empresa de transportes por manipular tacógrafos

La Guardia Civil ha abierto una investigación penal contra una empresa de transportes internacionales de ámbito europeo que supuestamente coaccionaba a los trabajadores para que manipularan los tacógrafos para camuflar que los conductores hacían jornadas maratonianas al volante.

La operación Magnética, llevaba a cabo por agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T) del Sector de Andalucía, ha aportado un enfoque novedoso, al llevar al terreno penal hechos que suelen ser considerados infracciones administrativas muy graves, reguladas en la legislación de transportes terrestres por carretera, según ha informado hoy la Guardia Civil.

Las investigaciones se centran en los dos responsables de una empresa de transportes por carretera, ubicada en Chipiona (Cádiz), y en los conductores de la misma.

Se les investiga por supuestos delitos contra el derecho de los trabajadores y de falsedad documental (por manipular el tacógrafo del vehículo mediante el uso del imán y por falsear los datos de identidad de los conductores en los discos diagramas), y por conducción temeraria, ya que realizaban jornadas de conducción maratoniana que atentan gravemente contra la seguridad vial.

La investigación se inició hace un año a raíz de la denuncia que presentaron ante la Guardia Civil dos conductores de la empresa que habían sido despedidos.

Aunque el despido fue justificado por una aparente finalización de su contrato de trabajo, en realidad se debió a que los conductores no accedieron a las coacciones del empresario para manipular la máquina en la que quedan registrados datos sobre la conducción del vehículo.

La Guardia Civil comprobó que los directivos de la empresa, desde sus teléfonos corporativos, alentaban a los conductores a que manipularan los tacógrafos con imanes, con el fin de llegar al destino, largas rutas de ámbito europeo, en el menor tiempo posible.

Además les indicaban cómo falsear directamente los discos diagramas del tacógrafo, que registran la identidad del conductor del vehículo para que no quedara constancia de que era un sólo profesional el que hacía el recorrido, lo que, según la Guardia Civil, supone un elevado riesgo para la seguridad vial.

Los conductores realizaban las irregularidades bajo amenazas de despido, y "en condiciones de acoso profesional y personal", pero no lo denunciaron ante la administración "dada la situación de precariedad y necesidad del trabajo y la escasez de otras alternativas en la época de crisis en las que se desarrollan los hechos".

La investigación por vía penal de estos hechos es pionera, ya que estas conductas suelen ser consideradas infracciones administrativas de la legislación de transportes terrestres por carretera, sancionadas con 2.000 euros e inmovilización del vehículo y del Reglamento General de Circulación, que impone multas de 500 euros y seis puntos de retirada del crédito asignado al permiso de conducción del conductor.

El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla se ha hecho cargo de la instrucción de estas diligencias.

Fuente: La Vanguardia