Aguas revueltas en la DGT

Polémica con unos trabajos encargados por la DGT al departamento en el que trabaja el marido de la Directora General de Tráfico y por su relación con la CNAE

La Dirección General de Tráfico, que vive momentos de máximo trabajo por la cantidad de tráfico en las carreteras españolas en verano, tiene ahora otras situaciones complicadas. Los cursos de recuperación de puntos adjudicados de manera poco clara por el organismo que dirige María Seguí, y sobre todo el pago de unos proyectos en los que participó el marido de la directora de Tráfico, ponen en tela de juicio la actuación de la Dirección General de Tráfico en estos últimos años.

La Dirección General de Tráfico es un organismo muy importante, dependiente del Ministerio del Interior, y del que depende la gestión del tráfico en la mayor parte de España, salvo Cataluña y el País Vasco. Y la transparencia debe ser la clave de su funcionamiento. Sobre todo porque detrás de esas siglas hay más de 10.000 agentes que a diario arriesgan su vida en las carreteras españolas para que sean un poco más seguras.

El diario El Mundo ha publicado varias informaciones que demuestran una actuación poco clara y profesional por parte del citado organismo, pero que han tenido una respuesta muy diferente por parte de la DGT según los casos. Ante la primera acusación, por el amaño en los concursos para los cursos de recuperación de puntos del carné, la respuesta ha sido casi inmediata, cesar a la responsable de dicha adjudicación, la subdirectora de formación Vial Marta Carrera.

No sé si realmente hubo un amaño en los mencionados cursos por parte de la Confederación Nacional de Autoescuelas, CNAE, pero no deja de ser curioso que en la primera adjudicación todos fueran para la CNAE y que en esta segunda licitación, de los cinco lotes previstos, tres sean para esta misma asociación y los otros dos, concedidos a la UNED y a Pons, hayan sido impugnados por la CNAE y estén pendientes de resolución.

En cualquier caso, la DGT ha debido investigar poco en el primero de los casos, o quizá es que ya sabía todo lo que había detrás de los cursos de recuperación de puntos y ha destituido fulminantemente a la responsable. Pero si la subdirectora tenía culpa de ello, la responsabilidad de María Seguí en este caso es incuestionable por ser su jefa directa.

Pero El Mundo ha sacado un nuevo caso de la Directora de Tráfico en el que está implicado su marido. Y nuevamente les digo que no sé si realmente es culpable de algo, pero la actuación de la DGT en este caso ha sido la contraria que en el caso de la subdirectora. La DGT ha utilizado todo su peso para demostrar la valía del marido de María Seguí, su profesionalidad y su buen hacer, dejar claro que no ha cobrado ni un euro de los programas pagados por la DGT al departamento en el que trabajaba Francisco López Valdés.

Demostrar honradez 

Parafraseando a Julio César, “la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo”. Y la Dirección General de Tráfico no solo debe ser transparente en sus actuaciones, sino demostrarlo cada día. La cifra de 18.000 euros es ya mítica en la Administración, porque es la cantidad máxima para la que no hace falta un concurso público. Vamos, la ideal para adjudicar a dedo. Y que la Universidad de Zaragoza, donde trabaja el marido de Seguí, tuviera entre 2012 y 2013 tres proyectos pagados por la DGT, uno de 17.000 euros, otro de 15.000 y el tercero de 17.950 euros, huele mal.

Desde la DGT se aclara que López Valdés no cobró ni un solo euro de esas cantidades, puesto que en esos dos años tenía una beca que le impedía cobrar dinero de cualquier otra fuente. Pero lo que no dice la DGT es que al término de esos dos años “becado”, y como consecuencia de su buen trabajo allí, López Valdés fue nombrado profesor titular.

Les repito que no sé si María Seguí ayudó a su marido desde su cargo como directora general de Tráfico. Pero creo que la postura de este organismo oficial debería ser investigar la situación real de lo que ocurre allí dentro, de las relaciones entre la DGT y la CNAE, y las del marido de la directora general y la CNAE (La CNAE invitó a López Valdés a un curso a Cancún).

Vamos, que en este caso la DGT debería ser el fiscal que debe buscar las pruebas de lo que se ha hecho mal, tratar de solucionarlo y depurar responsabilidades si las hay. Lo que no puede hacer es ser el abogado defensor de María Seguí, que busca tapar todo lo que huele mal en la DGT, que parece que es mucho. Los ciudadanos, que cada día pagamos más impuestos, tenemos derecho a una Administración honrada… como la mujer del César.

Artículo de opinión: Carlos Cancela

El Confidencial