La insostenible posición de Seguí en la Dirección General de Tráfico

Editorial periódico El Mundo

El escándalo de corrupción en la Dirección General de Tráfico (DGT), denunciado por este periódico semanas atrás, ha sido subiendo de tono hasta alcanzar ya a la propia directora general del organismo, María Seguí, cuyo puesto empieza a estar en entredicho. Primero fue el fraude en la concesión de los cursos de recuperación de puntos a la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), que motivó la destitución de Marta Carrera, subdirectora de Seguridad Vial, al conocerse una comprometedora conversación suya con el presidente de CNAE, José Miguel Báez. Se calcula que esa Confederación, que hasta ahora explota los cursos de recuperación en régimen de monopolio se ha podido embolsar unos 24 millonesde euros desde que en 2006 se puso en marcha el carné por puntos.

Pero con la salida de Carrera no se cerró este oscuro episodio de la DGT porque EL MUNDO dio a conocer la semana pasada las relaciones entre Francisco López Valdés, marido de Seguí, con el presidente de CNAE, tras conocerse que éste invitó a López a un viaje de lujo a Cancún en septiembre de 2014.

Pero las revelaciones que publicamos hoy suponen un salto cualitativo en la relación entre el marido de la directora general y la propia DGT, ya que fue beneficiado con recursos públicos por el organismo en unos años en los que Seguí ya era máxima responsable. En 2012 y 2013, Tráfico financió tres proyectos de investigación sobre seguridad vial infantil realizados por el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, donde trabajaba entonces su marido. "Todo sigue igual pero ahora debemos ser un poco más discretos", escribió López Valdés a su jefe cuando éste se enteró de que se había casado con Seguí, ya responsable del organismo que concedía los proyectos.

Si la corrupción política es muy grave de por sí, que ésta se produzca en la cúpula de un organismo como la Dirección General de Tráfico que goza -o ya debemos decir gozaba- de la mayor credibilidad entre los ciudadanos hace que estos hechos sean especialmente repugnantes. La DGT ha estado siempre al margen de la disputa política y se ha ganado la confianza social con el gran trabajo de los funcionarios y los guardias civiles adscritos al organismo. El último gran éxito ha sido el establecimiento del carné por puntos, en la etapa del anterior director general, Pere Navarro, que tanto ha ayudado a reducir la siniestralidad en las carreteras españolas.

Este caso de la DGT recuerda en cierta medida al que protagonizó la ya fallecidaCarmen Salanueva, cuando aprovechó su cargo en la dirección del Boletín Oficial del Estado (BOE) por apropiarse de obras de arte invocando el nombre de la Reina. Salanueva fue condenada a cuatro años de cárcel y el buen nombre del BOE, también un organismo que funciona al margen de la pelea política, quedó desprestigiado por quien se sirvió de su cargo para enriquecerse.

Como Gustavo de Arístegui, el ex embajador español que también usó su puesto oficial para hacer negocios personales. Hoy publicamos cómo él y el ex diputadoPedro Gómez de la Serna se embolsaron 120.000 euros sólo por hacer de introductores de unos empresarios españoles ante el Gobierno del Congo.

Se trata de hechos execrables que tienen que desaparecer de la vida pública española. Arístegui y De la Serna se han visto obligados a dejar sus cargos. Ahora, tras las revelaciones de los últimos días, la permanencia de María Seguí al frente del organismo se hace insostenible y exigimos que dé explicaciones pormenorizadas y, si éstas no son satisfactorias -algo que no tiene fácil-, presente su dimisión al ministro del Interior. Será la única forma de devolver la tranquilidad institucional a la Dirección General de Tráfico.

Fuente: El Mundo