Fundaciones de seguridad vial urgen a Interior a estudiar y castigar posibles irregularidades tras la dimisión de Seguí

La Fundación Pons y la Fundación CEA han pedido al Ministerio del Interior que, tras la dimisión de la directora general de la Dirección General de Tráfico, María Seguí, avance en la investigación de las presuntas irregularidades en la concesión de los cursos de reciclaje de conductores del carné por puntos y de financiación irregular de estudios en la Universidad de Zaragoza.

La Fundación Pons ha señalado que la renuncia de la ahora exdirectora de la DGT y el reciente cese de la subdirectora de Formación del mismo organismo, Marta Carrera, "evidencian aún más las graves irregularidades que se han producido en el concurso público para la adjudicación de los centros de recuperación de puntos".

En este sentido, ha recordado que Pons Seguridad Vial tiene interpuesto un recurso judicial ante la Sala de lo Contencioso Administrativo tras ser eliminada de un concurso que había ganado, pero que fue impugnado por CNAE, organización que, según una conversación filtrada con Carrera, habría estado dictando a la DGT las condiciones para los concursos de adjudicación de los cursos de forma que le resultaran favorables.

"Al objeto de evitar mayores consecuencias derivadas de la irregular adjudicación del contrato, instamos al Ministerio del Interior con carácter de urgencia a intervenir y adoptar las decisiones pertinentes", indican desde la Fundación Pons.

Por su parte, el presidente de Fundación CEA, Fernándo Gómez Iturbe, ha pedido que quien sustituya a Seguí en el cargo sea una persona "con conocimientos técnicos de tráfico" y que esté dispuesto a "investigar lo que haya podido pasar independientemente de lo que hagan los jueces" para averiguar "cómo se ha podido llegar a estas sospechas".

Gómez Iturbe ha indicado a Europa Press que, dadas las sospechas" que se han generado, hay razones suficientes para investigar el caso y ha pedido que "si realmente ha sucedido lo que se dice, que se castigue con el mayor rigor de la ley" y que, en caso contrario, "quede en agua de borrajas".

En todo caso, considera positivo que un cargo público investigado por sospechas de haber utilizado dinero público dimita, "sea la directora de la DGT o cualquier otro". (Información)

Fuente: El Economista