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sábado, 7 de mayo de 2016

Los funcionarios sufren una agresión física cada cuatro días

Ir a trabajar con miedo es una de las peores sensaciones que puede experimentar una persona. Lo cuenta Alba, aunque este no es su nombre, que lleva 28 años trabajando para el Estado y es directora de una oficina de empleo en Canarias. Para no sufrir represalias, prefiere esconder su identidad y la ubicación de su oficina, ya que estas se asignan a los desempleados según el código postal de residencia. Hace dos años, una usuaria enfurecida intentó agredirle durante su jornada laboral. Al comprobar que no tenía la documentación requerida por la Administración para tramitar su solicitud, la mujer se puso muy nerviosa y se abalanzó sobre ella. Alba consiguió evitar la agresión empujando con los pies la silla hacia la pared. Aún así, «el golpe fue bastante fuerte».

El compañero que la sustituyó corrió peor suerte. «Le amenazaron con un cuchillo porque la Administración todavía no había ingresado la prestación por desempleo a una persona. Trabajar así no es nada agradable». Esta es la cruda realidad a la que tienen que enfrentarse a diario los funcionarios en nuestro país. Insultos, amenazas e incluso agresiones físicas de distinta gravedad, son algo habitual para quienes trabajan atendiendo al público, pero sobre todo en las oficinas de empleo. «Lo peor es salir de la oficina a la calle con miedo, ya que nuestros usuarios viven en el barrio. El año pasado una mujer apuñaló a la hija de la directora de otra oficina en Tenerife para vengarse de ella. Es terrible».

La desesperación y la crispación –que la crisis ha generado en la población– son, para Carlos, las culpables de la situación a la que se enfrentan los funcionarios. «La gente no tiene medios económicos para salir adelante, las oficinas están desbordadas y se demora la atención por falta de personal. Todo esto genera un gran nerviosismo y al final somos los funcionarios los que sufrimos las consecuencias». Por todo esto, los funcionarios reclaman la implementación de mayores medidas de seguridad en las oficinas, o la presencia de vigilantes jurados para protegerles.

Ante esta situación, el Servicio Público de Empleo de Estatal (SEPE) ha comenzado a instalar este mes un sistema de seguridad adicional en los ordenadores de los trabajadores: el botón «S.O.S» antipánico. Se trata de un programa informático que hace saltar la alarma cuando un trabajador percibe una posible situación violenta. «En nuestra oficina lo instalaron el día 3 de mayo. Para activar la alerta simplemente hay que pulsar en el teclado Control+F9 y en las pantallas del resto de compañeros aparece el nombre de la persona que se encuentra en peligro. También manda un aviso a la dirección provincial del organismo para que se inicie el protocolo de actuación ante este tipo de situaciones», explica Carlos.

Las consecuencias de sufrir situaciones violentas producen distintas patologías en los empleados como ansiedad, angustia, aumento de la tensión arterial o problema psicológicos. En este sentido, María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, señala que «este tipo de situaciones genera un miedo que puede extenderse al ámbito de las relaciones sociales, produciendo una bajada en la autoestima del trabajador que puede llegar a derivar en depresión», además de reducir la capacidad productiva durante la jornada laboral.
Aumentan las denuncias por agresión

Según un informe en cuya elaboración ha participado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en el año 2015 se produjeron 78 casos de violencia física contra un empleado –lo que implica una agresión cada cuatro días–, justo el doble de las registradas en 2014 (39). Además,entre 2014 y 2015 se han documentado 895 casos de violencia física y verbal contra los funcionarios y según el CSIF este tipo de incidentes han ido en aumento desde el año 2012. De hecho, aunque se registren situaciones en distintos ámbitos de la Administración, «la grave situación de paro que afrontan los españoles» es la responsable de que las oficinas de empleo tramiten ocho de cada diez denuncias en atención al público.

Los datos recogidos por el CSIF muestran que tres de cada diez oficinas de empleo carece de vigilante de seguridad, que el 76 por ciento de los trabajadores ha sufrido agresiones verbales en alguna ocasión, y que las mujeres sufren el 66 por ciento de las situaciones violentas. También señalan que «la sobrecarga laboral, por la reducción de las plantillas, afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos», y que desde que comenzó la crisis los empleados públicos han sufrido una campaña de desprestigio que ha motivado que «se ponga en cuestión nuestra función social».

Fuente: ABC

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