Los funcionarios recuperan parte de la oferta de hospitales

Los problemas de los funcionarios con la prestación sanitaria a través de Muface saltaron a la opinión pública cuando se empezaron a registrar quejas de afectados por cáncer que vieron interrumpido su tratamiento. Las tres grandes aseguradoras privadas que este año han firmado el concierto con Muface (Adeslas, Asisa y DKV) recortaron en enero su cartera de médicos y hospitales, de forma que especialidades e incluso centros enteros quedaron fuera de la oferta. Eso provocó que personas ya en tratamiento tuvieran que cambiar de hospital o se vieran obligadas a solicitar autorizaciones para cada una de las pruebas o las consultas que necesitaran.

Una de estas tres aseguradoras, Adeslas, ha sido la primera en dar marcha atrás y ha vuelto a incluir la cobertura de oncología médica y radioterapia para los pacientes de Muface en Madrid. “El hospital universitario Quirón Madrid vuelve a tener concierto con Adeslas para el colectivo de funcionarios”, asegura una circular a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Estas especialidades dejaron de estar cubiertas en enero, lo que dejó en un limbo a pacientes ya en tratamiento. Por ejemplo, una policía nacional de 53 años con un cáncer de ovarios relató a este diario la incertidumbre y el enredo burocrático que vivió entre un ciclo de quimioterapia y otro sin saber en qué hospital la tratarían.

Según fuentes sanitarias, también los centros de HM Hospitales podrían volver a incorporarse a la oferta de Adeslas para los funcionarios de Muface. Este organismo público, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre ha mantenido que “todos los pacientes están siendo atendidos de forma integral y con calidad”. Así lo reiteró el viernes una portavoz, que no quiso desvelar los cambios ni el papel que había desempeñado el ministerio en la negociación con las aseguradoras.

Muface asegura que la continuidad asistencial —mantener los mismos médicos en los mismos hospitales— ha estado garantizada todo este tiempo. Los pacientes con dolencias graves podían pedir a las aseguradoras seguir en su centro durante los seis meses siguientes a la baja del catálogo de proveedores de una especialidad. En el caso de pacientes de oncología y psiquiatría, la normativa prevé un año. “Aunque en teoría el Gobierno garantizaba la continuidad asistencial durante un año, comprobamos que no es así”, asegura el sindicato CSI-F, mayoritario entre los funcionarios. En muchos casos, “directamente se la denegaban”, añaden. “Eso les ha obligado a iniciar un peregrinaje burocrático, con la angustia de saber que el tiempo de su enfermedad corre en su contra, viéndose interrumpidas las pruebas o los tratamientos”.

CSI-F emprendió una recogida de firmas (135.000) y ha presentado reclamaciones ante el Defensor del Pueblo y los ministerios de Sanidad y Hacienda. La oficina del Defensor del Pueblo anunció que actuaría de urgencia para tramitar las quejas individuales de los mutualistas. “Estos cambios no han supuesto ninguna disminución de coberturas, sino una sustitución de algunos prestadores privados de servicios sanitarios”, defiende Muface. Este organismo atiende aproximadamente a 1,5 millones de personas en España, de las cuales un millón son titulares y medio millón, beneficiarios (familiares). (Información)

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