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viernes, 28 de octubre de 2016

La Agencia de Protección de Datos da la razón a ASEXTRA e insta al Consejo del Poder Judicial a que abra expediente sancionador a un Juzgado de Instrucción de Granada

Los hechos denunciados ante la Agencia de Protección de Datos se remontan a abril de 2015 y fueron consecuencia de la agresión y vejaciones que un funcionario examinador de Granada había sufrido unos días antes, mientras ejercía con su labor oficial. Ante la gravedad de estos hechos, se acudió al Juzgado de Instrucción nº 5 de Granada.

Incomprensiblemente, los datos del funcionario denunciante fueron enviados en la citación al denunciado, haciéndole llegar incluso su dirección y teléfono particular. A partir de ese momento, el examinador empezó a recibir llamadas y contactos del entorno del alumno denunciado, "viéndose afectada no solo la intimidad y datos personal del funcionario, sino también su propia seguridad y la de sus familiares que viven en el domicilio facilitado por el Juzgado al denunciado".

Al conocer la Junta Directiva de ASEXTRA esta gravísima situación, el presidente de la Asociación, Joaquín Jiménez Murillo, junto con el compañero afectado procedieron a denunciar al mencionado juzgado para que estos hechos además de no quedar impunes, no se volvieran a producir en ningún otro funcionario perteneciente a este colectivo. 

Ahora, en una resolución inédita de la Agencia de Protección de Datos recibida esta semana, se da la razón a esta Asociación y se insta al Consejo del Poder Judicial para que abra expediente sancionador al citado Juzgado instructor y a las personas que participaron en ese expediente con el fin de depurar responsabilidades en un caso tan grave. 

Esta resolución en la que se admite, por denuncia de ASEXTRA, que el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Granada ha infringido el artículo 4.1 de la Ley Orgánica de Protección de datos, será comunicada también, además de al Consejo del Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Defensor del Pueblo.

Se abre además la vía para que el funcionario víctima de este suceso pueda pedir una indemnización por los problemas personales y profesionales que esta grave negligencia le ha podido ocasionar.

Fuente: ASEXTRA

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